Ángel Córdoba asumió en abril la presidencia de APROSER con el principal objetivo de “contribuir al mantenimiento de los aproximadamente 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos del sector”. Para este profesional, procedente del sector financiero, esa meta pasa por anteponer la calidad a los criterios económicos a la hora de contratar servicios de seguridad privada. Un patrón que en la actualidad no se respeta en muchos casos.
Pero además de este factor, al presidente de APROSER también le parece muy preocupante la posibilidad de que aumenten los descuelgues salariales del Convenio Colectivo, dadas las consecuencias negativas que esto supondría para toda la actividad. Por ello, Córdoba defiende el pacto laboral como “un elemento clave para la estabilidad y el incremento de la profesionalidad del sector en las tres últimas décadas”.
- Usted ha desempeñado la mayor parte de su carrera profesional en el sector financiero. ¿Qué similitudes está encontrando con el sector de la Seguridad Privada?
Aunque son sectores que se caracterizan por el asesoramiento, la prestación de servicios y la venta de productos, son poco comparables y, en cualquier caso, con muchas diferencias. Probablemente, la más significativa es el carácter gregario del financiero frente al individualista del de Seguridad Privada. Lo que, particularmente, me parece posible es que los últimos acontecimientos en el primero, de no establecer medidas preventivas, se podrían extrapolar a este sector.
Con la perspectiva de tres años de reforma bancaria en España, cabe destacar que se ha producido una considerable reconfiguración del sector financiero. Éste cuenta con entidades de mayor dimensión, en proceso de reforzamiento de solvencia y con una corrección de la capacidad tanto productiva como instalada, entre otros motivos, por no haber dimensionado correctamente el período de ajuste de medios humanos y canales complementarios/alternativos basados en nuevas tecnologías a las demandas de los clientes y al cambio del ciclo económico.
El negocio bancario de los próximos años parece abocado a un control regulatorio muy exhaustivo y a una nueva reducción en el número de operadores. Los márgenes financieros serán más estrechos y será mucho más complicado establecer una diferenciación basándose sólo en el precio ofertado para productos y servicios. Para ello será fundamental, entre otros aspectos, desarrollar una reorientación del negocio.
Por otra parte, como efecto directo de la drástica disminución de productos ofrecidos, servicios y márgenes, la plantilla del sistema financiero español se ha reducido un 11 por ciento en los últimos cuatro años, lo que ha supuesto una pérdida de 30.000 empleos, y parece que deberá reducir su plantilla en otros 5.000 empleados a corto plazo.Sin embargo, el sector de la Seguridad todavía se caracteriza por una gran capilaridad empresarial (cerca de 1.500 empresas) y por ser eminentemente intensivo en mano de obra. Si se reprodujeran las transformaciones básicas enumeradas anteriormente en el sector financiero en cuanto a dimensión, solvencia, capacidad productiva y adaptación temporal de recursos humanos/tecnológicos, márgenes financieros necesarios para el mantenimiento de los gastos de explotación, número de operadores, y diferenciación y reorientación del negocio, parece que las consecuencias derivadas nos aconsejarían una rápida reflexión profunda sobre todas las variables anteriores. Y añadiría una más relacionada con todo lo anterior, la polivalencia funcional.
- ¿Qué objetivos se ha marcado como presidente de APROSER?
En primer lugar, y dada la persistente crisis económica actual y sus efectos derivados, el de contribuir al mantenimiento de los aproximadamente 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos del sector. Llevamos ya varios años con una importante caída tanto en la facturación como en los márgenes comerciales, que son los que deben asegurar tanto la cantidad como la calidad en el empleo, y la tendencia no tiene visos de poder variar en los próximos años. Esto se agrava con la utilización masiva de fórmulas de adjudicación de servicios basadas prácticamente en todas sus variables en el factor precio, con un importante menosprecio de la calidad requerida. Una adecuada revisión de los procesos actuales, ponderando debidamente la calidad de la empresa adjudicataria y del servicio que presta, el aseguramiento de unas condiciones mínimas que permitan una competencia legal y leal, con unos márgenes asumibles por ambas partes, y una ampliación de nuevos servicios que pueda minorar el impacto de la drástica reducción de los tradicionales, parece que son objetivos irrenunciables no sólo para APROSER, sino para todos los interlocutores del sector.
Por otra parte, hay que concienciar a los clientes y a la Administración sobre la necesidad de exigir a las empresas del sector que respeten absolutamente el marco regulatorio específico y la legislación general laboral y tributaria. Hay que desterrar la práctica, cada vez más extendida, de adjudicar o mantener contratos a aquellas empresas que han hecho del fraude a la Administración una conducta tan habitual como continuamente denunciada por el resto de compañías, que afortunadamente todavía siguen siendo mayoría.
Precisamente en este momento de cambios legislativos, es preceptivo instar a fortalecer el marco normativo de la seguridad privada en España (nueva Ley y Reglamento).
Otro punto es apoyar a los organismos públicos y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en las diferentes iniciativas llevadas a cabo en la lucha contra la competencia desleal y el intrusismo.
Otro objetivo es tener una presencia muy activa en COESS (Confederación Europea de Servicios de Seguridad) y otros organismos internacionales para colaborar en la generación y armonización de normativa regulatoria.
Por otra parte, colaborar en una mayor dignificación de este sector y de sus profesionales, en general, y a la vez crear una referencia pública de buena gestión de las empresas asociadas en APROSER.
Y citaría en este resumen en último lugar, pero sólo para remarcar su importancia y máxima priorización en este preciso momento, el hacer los máximos esfuerzos para dar continuidad a la negociación colectiva sectorial a través del Convenio Colectivo, que ha sido un elemento clave para la estabilidad y el incremento de la profesionalidad del sector en las últimas tres décadas. En las actuales circunstancias económicas serían absolutamente inasumibles las consecuencias, tanto para el sector como para sus actores principales, de una proliferación de los procesos de descuelgues salariales y convenios de empresa iniciados nada más aprobarse la última reforma laboral.
- La Seguridad Privada ha experimentado en los últimos años un descenso paulatino de su facturación. ¿En qué plazo calcula que podremos ver una ligera recuperación del sector? ¿De qué elementos depende que el sector se recupere en dicho plazo?
Nuestra demanda de servicios depende directamente de la demanda interna de la economía española, siempre con efectos retardados. Las previsiones en este sentido siguen siendo de un claro decrecimiento en el año 2014, fundamentalmente debido a los elevados niveles de desempleo y el importante ajuste de reducción de nuestra deuda, tanto pública como privada.
En números redondos, este sector facturaba 3.700 millones de euros en 2008. A partir de ese momento, en 2009 se reducen ya las cifras a 3.500 millones de euros y se inicia un descenso drástico y continuado que nos ha llevado a cerrar 2012 en un entorno de 3.000 millones de euros; esto es, una facturación similar a la realizada en el ejercicio 2004.
En cualquier caso, lo preocupante no es sólo la bajada de la facturación, dado que es absolutamente entendible que las empresas contratantes hayan tenido que recortar sus presupuestos de gastos. Lo verdaderamente preocupante es la caída de márgenes y, como le decía antes, los efectos derivados tanto en la cantidad como en la calidad del empleo.Actualmente hay empresas con otros negocios, bien complementarios, bien alternativos, que ya están manifestando un posible cese de sus inversiones en esta actividad. Desde el inicio del deterioro en las fórmulas de contratación, ya hay compañías incapacitadas para poder presentarse a más del 50 por ciento de los actuales concursos, dado que el hacerlo les supondría directamente márgenes negativos en su cuenta de explotación. Por consiguiente, la recuperación del sector, además de por otros factores de orden cualitativo, vendrá por la recuperación de unos niveles de actividad y unos márgenes que permitan mantener e incrementar la actividad y el empleo.
- Entre los motivos de la caída de las empresas se encuentra también la reducción del gasto de la Administración. No obstante, ¿la tendencia es que este segmento aumente su demanda de servicios de seguridad privada o, por el contrario, la mantenga en unos niveles bajos? Además de las económicas, ¿qué otras razones existen para que se haya producido un descenso de la demanda de este segmento?
Yo creo que si existiera alguna otra causa para la caída de la demanda sería prácticamente irrelevante para la toma de esa decisión. No hay motivos objetivos salvo los obvios derivados de la actual crisis económica.
La Administración Pública ha abordado los ajustes más tarde que el sector privado, y lo está haciendo con mucha mayor virulencia. Las reducciones de servicios y de márgenes, y la dilación en los pagos, son la tónica cotidiana.
Con esta demora en la atención de las facturaciones y la dificultad de acceso a la financiación, la Administración debe entender que se hace muy difícil atender mensualmente los compromisos de pago a empleados y proveedores. Asimismo, ha de tomar medidas en defensa de un sector clave para contribuir a una más rápida recuperación de actividad empresarial y generación de empleo.
- ¿Considera que el modelo actual de contrataciones, tanto de la Administración como con las empresas, es el adecuado? ¿Qué repercusiones tienen para el sector el hecho de que muchas contrataciones se basen más en el precio que en la calidad?
Tenemos que ahondar en modelos mucho más innovadores que beneficien tanto a las administraciones públicas como a las empresas prestadoras de servicios. Siempre y cuando el criterio de la oferta más barata tenga el mismo valor que la económicamente más ventajosa, y que la responsabilidad civil subsidiaria no sea percibida como un peligro real, habrá pocos cambios en este ámbito de cara a los grandes problemas económicos de los licitadores de servicios públicos, en especial de los que se ven obligados a ni siquiera acudir a ofertar sus servicios dada: la pérdida directa producida ya en el mismo margen comercial de inicio, la escasa importancia que se le da al nivel de calidad requerido en los criterios y ponderaciones para la valoración, y las posibles contingencias reputacionales que se pudieran derivar de la prestación de los mismos en las condiciones formuladas.
La contratación sólo por precio lleva, en ocasiones, como desgraciadamente se ha puesto de relieve en los últimos tiempos, a un incumplimiento por parte de algunas empresas adjudicatarias de las normativas mínimas aplicables. Esto tiene consecuencias para los trabajadores, para el resto de las empresas prestatarias de servicios –que sufren una situación de competencia desleal– y para las propias administraciones públicas contratantes, que finalmente afrontan una responsabilidad subsidiaria y una merma en la recaudación de impuestos y cotizaciones de seguridad social. Esto es, lo que se ahorra por una parte, se deja de ingresar por la otra.
Parece más razonable que los concursos se instrumenten con pliegos que persigan la prestación de un buen servicio de seguridad, más que realizar una subasta para la mera contratación de horas para esta actividad, sin prácticamente ningún requerimiento cualitativo de diferenciación real de ofertas.
En este contexto, sólo se logrará un cambio si se hace regla la oferta económicamente más ventajosa y un estricto seguimiento de que se cumple lo que se oferta durante la prestación del servicio, abarcando todos los aspectos que garanticen la calidad de la actividad contratada. Desde APROSER estamos ahondando en modelos de contratación responsable, más innovadores, en los que se atienda más al resultado que se pretende mediante la contratación del servicio que a una mera ‘compra’ de horas/hombre; una contratación que permita fórmulas flexibles mediante la introducción de variantes de valor añadido, y, por supuesto, una contratación tanto exigente en la exclusión y selección de proveedores, como rigurosa en la supervisión del proceso de ejecución de los servicios contratados.
- El Observatorio sectorial de Seguridad Privada se ha reunido recientemente. ¿Cuáles fueron los principales mensajes que trasladaron las asociaciones empresariales y sindicales?
Con la constitución del Observatorio se perseguía un doble objetivo: por una parte, la actualización permanente y el análisis de cuestiones tales como la competitividad y su evolución, el posicionamiento de las empresas en el mercado, la mejora en las condiciones laborales, la calidad en el empleo, la formación y la igualdad de oportunidades y la situación general actual del sector de la Seguridad Privada; y por otra, elaborar propuestas consensuadas que permitan su adaptación a las necesidades presentes y futuras, abordando los problemas actuales que acucian al sector como apuesta decidida por su adecuada estructuración y necesaria viabilidad.
En virtud de ello, acordamos un programa de trabajo que establecía las siguientes prioridades:
▪ Promoción del conocimiento público del sector de Seguridad Privada.
▪ Análisis de las prácticas de competencia desleal/ intrusismo.
▪ Seguimiento de los procedimientos de contratación públicos y privados.
▪ Potenciar el marco de negociación sectorial de ámbito estatal, definiendo estrategias que permitan garantizar el empleo de acuerdo con la evolución del sector.
▪ Búsqueda de posiciones comunes en relación con procesos de reforma normativa.
▪ Concienciación y búsqueda de implicación de los usuarios sobre la problemática del sector.
▪ Traslación a la realidad sectorial de iniciativas nacionales y europeas.Recientemente hemos puesto en valor el apartado referido a la búsqueda de posicionamientos comunes en procesos de reforma normativa, aportando nuestras posiciones comunes a los distintos grupos parlamentarios con respecto al contenido del Proyecto de Ley de Seguridad Privada.
- ¿Qué opina de que algunas compañías hayan optado por descolgarse del convenio colectivo?
La última reforma laboral se fundamenta en proporcionar palancas de actuación para proteger la cantidad de empleo, incluso a costa de la calidad del mismo. Y hay empresas que no han tenido más remedio que hacer uso del articulado de esta reforma para garantizar su continuidad empresarial y, por lo tanto, el mantenimiento del máximo empleo posible. Pero cuando estas palancas (descuelgues de condiciones salariales, convenios de empresa con tablas salariales disminuidas…) son utilizadas, sin explicitar y justificar suficientemente su necesidad, para ofertar a la baja el precio de los servicios en procesos de licitación, corriendo a cargo del trabajador el valor añadido de la propuesta, es que algo está fallando en el nuevo engranaje normativo. En el caso de empresas intensivas en mano de obra, el veneno que inocula la permisividad de estos comportamientos en las compañías que optan por utilizar palancas no traumáticas, y mantenerse en el ámbito del Convenio Sectorial, es letal, poniendo continuamente la viabilidad de las mismas en serio riesgo.
Quizás sería preciso recordar, para entender lo que le acabo de comentar, que en este sector entre un 95 por ciento y un 97 por ciento de los costes de cada servicio son directos y vienen definidos por la legislación de Seguridad Privada y el Convenio Colectivo. Entre el 85 por ciento y el 90 por ciento de los costes de un servicio son costes laborales, vienen definidos en el citado convenio y son iguales para todos, excepto para aquellas empresas que tengan un convenio propio o se hayan descolgado de las tablas salariales establecidas en Convenio Sectorial.
Entre el 5 por ciento y el 10 por ciento son costes operativos (uniformidad, formación…) y también han de ser prácticamente los mismos para todos los operadores, y sólo entre el 2 por ciento y el 5 por ciento son indirectos y ya dependen de la estructura de costes de cada licitador.
Indistintamente de lo anterior, la obligación para la empresa adjudicataria de un contrato público debería observar la normativa laboral en sentido amplio: cumplimiento de las normas legales y convencionales sobre tiempo de trabajo, salario, seguridad y salud, igualdad y no discriminación, etc. Ello debería incluir la exclusión de los procesos de adjudicación de los oferentes que incumplan gravemente obligaciones de carácter socio-laboral.
- ¿Qué condiciones deben darse para que las empresas de seguridad puedan mantener el nivel de empleo e incluso contratar más personal?
La Administración debería aprovechar la inherente capacidad de inserción laboral del sector de la Seguridad Privada, intensivo en mano de obra, dotándole de mejoras para que cumplan este objetivo, poco conseguible por las empresas de otros sectores, y más en éste adverso ciclo económico. En este sentido, mejoras impositivas/de cargas sociales, revisión de los mecanismos de licitación que permitan equilibrar los márgenes financieros necesarios para la actividad y ampliación del ámbito de actuación serían, prioritariamente, actuaciones que generarían incremento del mercado laboral.
Por otra parte, las propias empresas deben ser muy rigurosas en la contención y optimización de sus gastos; sobre todo en esta época en la que es casi imposible dimensionar con un mínimo rigor la previsión de ingresos. Cualquier medida de contención salarial, amparada en una regulación sectorial y basada en el mantenimiento para un posterior incremento del empleo, debería ser ampliamente respaldada. Nuestro sector ya ha sido recientemente un ejemplo a seguir en esta materia, demostrando una gran madurez por parte de todos sus actores.
- ¿Qué valoración le merece, en términos generales, el Proyecto de Ley de Seguridad Privada? ¿Cuáles son los principales aspectos del texto que destaca, tanto los que considere positivos como los negativos?
Nos parece una buena ley. Fundamentalmente, viene a actualizar a la realidad social aquellos aspectos que podrían haber quedado fuera de contexto tras veinte años de vigencia de la anterior. Como aspectos más positivos, podríamos citar:
▪ La concepción del sector se modifica sustancialmente en la exposición de motivos. De una ley de 1992 que alude al necesario control de un sector ‘dudoso’, se pasa a aludir a un sector profesional y maduro.
▪ Se integran conceptos como intrusismo y vía pública en un sentido más amplio, y se amplía la empleabilidad del vigilante, introduciendo mayor flexibilidad en el desempeño de funciones complementarias.
▪La creación de un nuevo sistema de acceso a la profesión ligado a la formación profesional reglada.
▪ Se incrementa la protección jurídica del vigilante de seguridad mediante una redacción más afortunada del concepto de agente de la autoridad.
Como aspectos mejorables, uno de los que más nos preocupa es la exigencia del uso de armas en todos los servicios de verificación personal de alarmas. Entendemos que no existen razones de peso para esta nueva exigencia, ya que durante los últimos 20 años de vigencia de la Ley 23/1992 la prestación de servicios armados se ha desarrollado con normalidad y no se ha demostrado una necesidad real para el uso de armas en todos los servicios de acuda. Desde el punto de vista operativo, existe un elevado riesgo en el traslado, control, custodia y depósito de armas, teniendo en cuenta que los vigilantes deben depositar éstas en un armero de la compañía y que los servicios prestados pueden situarse tanto en ciudades como en el medio rural. Creemos que existen alternativas de protección técnica para los vigilantes de seguridad, tales como chalecos antibalas, dispositivos de localización GPS, sprays, etc. Conviene recordar, además, que en los países de nuestro entorno de la Unión Europea los citados servicios se realizan sin armas de fuego.
Por otra parte, existe un incremento desproporcionado en el régimen sancionador –tanto en la cuantía de las sanciones como en la tipificación de las mismas–, de materias meramente burocrático-administrativas y que nada tienen que ver con las actividades directas de seguridad con repercusión en el ciudadano/la empresa contratante.
También cabe mencionar el que se posibilite que empresas de seguridad desempeñen funciones de auxiliares bajo la misma denominación social, por la confusión que puede generar sobre su correcta identificación ante clientes, usuarios y miembros de las FCSE, a pesar de las innegables ventajas que conlleva esa medida para las compañías de seguridad. A pesar de esto último, los posibles riesgos intangibles no compensan a largo plazo los beneficios que sí son cuantificables a corto.
