Te guste o no, todo lo que está sucediendo en este momento es producto de las decisiones que has tomado. Deepak Chopra.
sábado, 28 de febrero de 2015
GUÍA DE JUBILACIÓN 2015
La Secretaría de Política Social Confederal ha elaborado una “GUÍA SOBRE JUBILACIÓN 2015” en la que se trata de responder a las preguntas más frecuentes sobre esta materia.En esta guía se presenta de forma concisa, clara y sencilla cómo operarán, durante el presente año 2015, las reglas para el acceso a la pensión de jubilación en sus diferentes modalidades, exponiéndose de forma práctica las cuestiones básicas que deben conocer todos los delegados y afiliados a UGT, así como al conjunto de trabajadores. Por ello os solicitamos que le deis la máxima difusión.
Un cordial saludo,
Equipo de Dirección Sectorial
FeS-UGT
Avda. América, 25-7ª Planta-28002 Madrid
Tel.: +34 915897597
Fax: +34 915897587
Incapacidad temporal: Efectos del alta médica por agotamiento del plazo máximo
ASUNTO:
Incapacidad temporal
Efectos del alta médica por agotamiento del plazo máximo
El subsidio de incapacidad temporal por alta por agotamiento del plazo máximo se ha de abonar hasta la fecha la de la notificación de la resolución administrativa por la que se emite dicha alta. MS nº 4115 MSS nº 3224.
El INSS emitió alta médica en un proceso de IT por contingencias comunes agotada la duración máxima de 12 meses el 16 de marzo, la notificación de la resolución al trabajador tuvo lugar el 24 de marzo mediante correo certificado, y el 25 de marzo se incorporó a su puesto de trabajo, abonándole su retribución a partir del dicha fecha. El INSS ceso en el abono de la IT el 17 de marzo, por lo que el trabajador reclama el subsidio del 17 al 24 de marzo. El TS entiende que hay que abonar el subsidio hasta el momento de la notificación de la resolución administrativa correspondiente, porque sólo a partir de ese momento el trabajador debe incorporarse a su puesto de trabajo y, por tanto, sólo entonces tendrá derecho a lucrar el correspondiente salario. De ahí que la mayor o menor demora en la notificación de la resolución administrativa en la que se declara el alta médica no pueda perjudicar al beneficiario de la prestación. Si bien el TS también ha sostenido con reiteración que la fecha de resolución del INSS resultaba decisiva para la extinción del derecho a cobrar el subsidio de incapacidad temporal, se trataba siempre de casos en que se había producido ya la prórroga de la incapacidad temporal y el alta médica se declaraba a la vista de la no concurrencia de la incapacidad permanente.
NOTA
Reitera doctrina.
© Lefebvre-El Derecho, S.A. 1 UGT PAÍS VALENCIANO (GABINETE JURÍDICO) - SR.
HONORATO SAN FELIX
Un saludo.
Jose Eduardo Bocanegra Carreño.
SºEstatal de Accion Sindical UGT Casesa
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lunes, 16 de febrero de 2015
UGT FES MÁLAGA gana a GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD la primera sentencia por conflicto colectivo
La UGT FES de Málaga ha ganado a la empresa de seguridad, GRUPO CONTROL la primera sentencia por conflicto colectivo por motivo de la subrogación del servicio DIPUTACIÓN DE MÁLAGA.
lunes, 9 de febrero de 2015
Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.
martes, 3 de febrero de 2015
El jefe de la UCSP , Gándara enumeró tres problemas “jurídico-técnicos” que se han encontrado los responsables de elaborar el reglamento de seguridad desveló que “ya existe un esquema normativo” para el nuevo reglamento y explicó su composición.
La Administración coincide con el sector en un 90 por ciento de sus propuestas para el Reglamento
Tras las propuestas del sector para el futuro
Reglamento de Seguridad Privada, llegó el turno de conocer las
consideraciones de la Administración sobre esas demandas, así como los
avances que se están produciendo en la elaboración del documento de
desarrollo de la ley.
El plato fuerte del III Congreso Nacional de
Seguridad Privada consistía en desvelar las opiniones de la
Administración en torno a las propuestas del sector para el nuevo
reglamento y conocer un avance del contenido de esa norma. Para ello
estuvieron presentes en la parte final del evento el vicesecretario
general técnico del Ministerio del Interior, Antonio Cerrolaza; el
comisario Esteban Gándara, jefe de la Unidad Central de Seguridad
Privada (UCSP) del Cuerpo Nacional de Policía; y el coronel César
Álvarez, jefe del Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la
Guardia Civil.
El primero en intervenir en la mesa, moderada
por Ángel Córdba, presidente del Congreso, y Antonio Pérez Turró,
presidente de AES, fue Cerrolaza para explicar en qué consiste el
proceso de tramitación del reglamento, es decir, las etapas que tendrá
que superar hasta su aprobación. Según subrayó, el primer paso después
de que haya un borrador es elaborar una memoria “especialmente compleja”
que incluya un análisis del coste económico y el coste presupuestario
del reglamento. “El económico se refiere al coste que la norma pudiera
tener para el sector privado y el presupuestario es el coste que la
norma pudiera tener para el sector público”, aclaró.
A continuación, se llevará a cabo un análisis
jurídico-técnico del borrador por parte de la Secretaría General Técnica
que, de aprobarse, daría lugar a la tramitación de la norma. “En ese
informe se analizarán cuestiones de legalidad, el ajuste del Reglamento a
la Ley de Seguridad Privada, en qué situación quedan las Órdenes
Ministeriales de 2011, la redacción, aspectos formales, etcétera”,
indicó Cerrolaza.
A este análisis le sigue un periodo de
audiencia pública para conocer “tanto lo que opina el sector como la
postura de los establecimientos obligados a tener medidas de seguridad”.
En ese sentido, apuntó que, dado el calado de la norma, el Ministerio
del Interior podría prolongar el periodo de propuestas más allá de los
15 días de plazo que se conceden en otras disposiciones.
El vicesecretario general técnico añadió que el
proceso de valoración del borrador también incluye a un buen número de
ministerios y algunos organismos del Estado. En total, el documento
pasará por seis ministerios y varios órganos consultivos.
Así, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas tendrá que dar el visto bueno en cuanto a los
procedimientos administrativos que implique el reglamento, así como
analizar los posibles costes presupuestarios, las cargas administrativas
o las competencias de las comunidades autónomas.
Igualmente intervendrán el Ministerio de
Educación, en cuanto a las titulaciones del personal de seguridad
privada; el de Empleo y Seguridad Social, para comprobar las formas de
acceso a la profesión y las cualificaciones; el de Economía y
Competitividad, para evitar más exigencias de acceso a las profesiones y
mejorar la empleabilidad; el de Agricultura, dado que la ley contempla
la figura de los guardas rurales; y el de Fomento e Industria, ya que
existen muchas infraestructuras susceptibles de aplicar medidas de
seguridad.
Además de estos ministerios, órganos como el
Consejo de Estado, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) o
la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) realizarán
informes relacionados con sus competencias. La AEPD porque el reglamento
contendrá referencias a la videovigilancia o los datos personales,
mientras que la CNMC por las repercusiones que pueda tener en la
competencia y los mercados. Sería necesario también el dictamen del
Consejo de Estado, que analizará todos los informes recibidos y ofrecerá
su conclusión.
“Cuando tengamos todo esto, nos reuniremos y le
daremos forma definitiva. Esa tarea dependerá de lo bien que lo hayamos
hecho antes. Si lo hemos hecho bien, es previsible que la Comisión de
Subsecretarios del Consejo de Ministros le de el visto bueno”, finalizó
Cerrolaza.
Avances actuales
Una de las cuestiones que mantiene en vilo al
sector es la fecha en la que estará aprobado el nuevo reglamento. El
comisario Esteban Gándara comenzó su exposición pidiendo calma en ese
sentido puesto que se trata de un documento que “no es fácil” por su
trascendencia y la complejidad de tramitación.
Gándara expresó, no obstante, la “voluntad
inquebrantable” de la Administración por sacar adelante “un buen
reglamento” y aseguró que tendrá “la misma impronta” que la nueva Ley de
Seguridad Privada, por lo que aconsejó leer su preámbulo “porque ese
será el espíritu” del futuro documento de desarrollo.
El comisario jefe de la UCSP expresó su
intención de elaborar “el mejor reglamento posible”, para lo que contará
con la participación de todos los actores a los que afecta la norma.
Sin embargo, aclaró, “no todas las aportaciones tienen por qué
prosperar, y eso incluye tanto las procedentes de la Administración como
las de la Seguridad Privada”.
El jefe de la UCSP desveló que “ya existe un
esquema normativo” para el nuevo reglamento y explicó su composición. La
norma incluirá cuestiones generales y, a continuación, los aspectos
relacionados con la colaboración y coordinación, las empresas, la
investigación privada y los despachos de detectives, el personal, las
funciones, los servicios y medidas, sujetos obligados, el control
administrativo, el régimen sancionado y cuestiones complementarias. Esto
último, que “no hay que confundir con cuestiones compatibles”, dijo,
estará ubicado al final del documento para “tratar de perfeccionar todo
lo anterior”.
Seguidamente, Gándara enumeró tres problemas
“jurídico-técnicos” que se han encontrado los responsables de elaborar
el reglamento. Uno de ellos está relacionado con las infraestructuras
críticas, ya que la nueva ley regula cuestiones que se encuentran al
margen de la seguridad privada. “Las infraestructuras críticas son el
talismán que nos permite tomar decisiones so pretexto de su relevancia
y, en consecuencias, el legislador quiere asegurarse de que cuando se
trate de la seguridad en estas infraestructuras el prestador de
servicios es fiable, de calidad”, apuntó el comisario.
Otra cuestión que presenta dificultades son los
aspectos relacionados con la seguridad informática. “No tenemos
experiencia normativa sobre la que caminar y tendremos que aplicar un
método que se haga camino al andar”, afirmó.
Igualmente, se refirió a las dificultades que
plantea la regulación de sujetos y medidas ya que el Reglamento es una
norma jurídica que no regula cuestiones técnicas.
Tras explicar el estado actual de la futura
norma, Gándara se refirió al documento de propuestas realizado por las
asociaciones organizadoras del III Congreso Nacional de Seguridad
Privada y Seguritecnia del que, aseguró, existe “un altísimo grado de
coincidencia con el trabajo realizado”. “Si tuviese que tasarlo, diría
que el consenso sería del 88,70 por ciento del trabajo realizado”,
afirmó el responsable policial, quien opina que “para poder constatar
ese grado de coincidencia” es importante que Administración y sector
privado hayan trabajado por separado y expresado “criterios propios”.
Al final de su exposición, el jefe de la UCSP
enumeró las cuestiones que aún faltan para conseguir el Reglamento
definitivo: revisar el trabajo, unificar las propuestas sectoriales,
integrar las aportaciones corporativas, elaborar la memoria que espera
la Secretaría General Técnica, elevar el borrador, iniciar las
consultas, redactar el Real Decreto y completar de esa manera la
tramitación legal.
Valoración de propuestas
Junto con la Secretaría General Técnica y el
Cuerpo Nacional de Policía también participa en la elaboración del
reglamento la Guardia Civil a través del SEPROSE, en concreto de su
jefe, el coronel César Álvarez. Durante su intervención, Álvarez expresó
su valoración sobre cada uno de los bloques de propuestas de los
organizadores del Congreso. Se detuvo especialmente en los aspectos
relacionados con las empresas, la cooperación entre seguridad pública y
privada y el personal.
Sobre las empresas, coincidió con el sector
respecto a los ejercicios de tiro: “no debe realizar ejercicios de tiro
más que aquel personal que haga servicios con arma y un porcentaje que
cada empresa considere necesario para mantener la operativa y la
capacidad para realizar nuevos servicios”, apuntó. También se mostró
convencido de “flexibilizar la situación” en torno a los armeros y
aligerar los trámites en la medida de lo posible. “Se incluirá la
necesidad de certificación de los armeros, que ahora no había”.
Otra cuestión en el capítulo de empresas es el
relativo a las actividades de seguridad informática. “Digamos cuáles son
las actividades de seguridad informática, sin las que no podemos
empezar a entendernos; establezcamos requisitos para esas empresas en
función de los usuarios a los que presten servicio, y definamos qué es
un incidente a reportar”, invitó a los presentes. En esa línea,
consideró que la comunicación de los incidentes de este tipo han de
dirigirse “a la Oficina de Coordinación Cibernética de la Secretaría de
Estado de Seguridad, que es la que se ocupa en este momento de la
respuesta a incidentes de seguridad informática, junto con el CERT de
Incibe”.
También apuntó que “existe un error de
concepto” sobre el artículo 19.4 puesto que se refiere a sectores
estratégicos y no a infraestructuras críticas. “La cuestión debe afectar
a los operadores estratégicos, el concepto de infraestructuras críticas
tendemos a manejarlo mal y deberíamos ser capaces de construir un
bloque de protección sobre aquellas infraestructuras estratégicas que
dan soporte a nuestros servicios esenciales; es decir, las
infraestructuras críticas tienen su propia regulación, pero el resto de
las estratégicas deben tener una protección que no debe ir en diferente
dirección”, concretó Álvarez, que sugirió pedir a entidades
certificadoras que acrediten que los operadores cumplen las exigencias
legales.
En cuanto a la coordinación y colaboración, el
jefe del SEPROSE se mostró de acuerdo con la propuesta de que exista una
“ventanilla única” que ejerza de interlocutora entre esos dos ámbitos,
“sin perjuicio de la ejecución descentralizada de los planes” de cada
Cuerpo policial. Desde su punto de vista, el Registro Nacional es
también un instrumento de apoyo a la colaboración “fantástico” y
consideró positivo que esté centralizado en un órgano que permita a las
Fuerzas de Seguridad acceder a él de forma sencilla y refleje “un mapa
de servicios que permita saber cuáles se pueden utilizar”.
Sostuvo que en el esquema general de
colaboración “tiene que haber un órgano en la Secretaría de Estado de
Seguridad que asuma las funciones de ordenación y dirección del sector;
los órganos de control, inspección, habilitación y demás serían las
direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil en nuestro
respectivos ámbitos de competencia; y las delegaciones y subdelegaciones
del Gobierno intervendrán en determinados procedimientos y
autorizaciones”.
El jefe del SEPROSE indicó también que la
Comisión Nacional es un órgano con un “tremendo poder de intervención en
el sector”, pero “no se le presta la importancia que merece”. “[La
Comisión Nacional] no puede ser un órgano de coordinación, pero sí de
interpretación de las normas y de ayuda a los órganos inspectores para
interpretar aquello que tendrán que denunciar”, sentenció.
En cuanto al personal, se detuvo en la
protección jurídica de agente de la autoridad, que se aplicará “por
supuesto cuando actúe conjuntamente con la Seguridad Pública; pero
incluso cuando no haya miembros de las Fuerzas Cuerpos de Seguridad
presentes, tendrá la misma protección siempre que se encuentre
desarrollando planes de actuación contra determinados ámbitos de la
delincuencia”.
Sobre los guardas rurales, indicó que “se ha
hecho un esfuerzo por darles más protagonismo” en la nueva ley y añadió
qué deben considerarse una figura diferente a la del vigilante de
seguridad. “Hay que buscar un régimen de compatibilidades de sus
funciones con otras no directamente relacionadas con la seguridad, pero
que deben permitirse”, aseveró.
Al término de su ponencia advirtió de la
necesidad de abordar los aspectos relacionados con la formación en
seguridad privada con “un tremendo rigor”. “Asistimos a un momento en el
que aparecen servicios nuevos, nuevas necesidades de formación y, en
definitiva, vamos a tener que habilitar a personas para hacer
determinadas cosas. Corremos el riesgo de que por prisas, dejadez o
falta de rigor relajar los niveles y dar lugar a la aparición de
cuestiones que no debemos permitir bajo ningún concepto. No podemos
permitirnos relajar los conocimientos del personal”, finalizó Álvarez.
Barcelona, España
Fuente: http://segurpricat.org/2014/12/27/el-jefe-de-la-ucsp-gandara-enumero-tres-problemas-juridico-tecnicos-que-se-han-encontrado-los-responsables-de-elaborar-el-reglamento-de-seguridad-desvelo-que-ya-existe-un/
SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. Jornada Técnica a celebrar en Málaga
Estimado/as compañero/as:
Programa de la Jornada Técnica a celebrar
en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga, el próximo 10 de Febrero y cuya temática
es SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO.
En dicho programa encontraréis el
formulario de inscripción que deberá remitirse por correo electrónico o fax a
las direcciones o números que figuran en el mismo.
Importante destacar que debido a las
limitaciones de aforo se atenderán las solicitudes por riguroso orden de
presentación.
POR FAVOR, DAD LA MÁXIMA DIFUSIÓN
Sin más, recibid un cordial saludo.
Secretaría de Empleo y Relaciones Laborales
UGT Málaga
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