sábado, 27 de agosto de 2016

La huelga de vigilantes de Cultura y Turismo arranca con escaso seguimiento

25/08/2016 - 11:56 Agencia EFE

Antecedentes de la historia:

La comunidad de Madrid promete cambiar la valoración del peso del precio, la huelga indefinida ya está convocada.

Resultado de la convocatoria:

La huelga indefinida a la que están convocados desde hoy los noventa vigilantes de seguridad de los centros dependientes de la Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid ha arrancado con un escaso seguimiento.

El secretario general del Sindicato Libre de Seguridad (SLS), Rafael Saldaña, ha informado a Efe de que alrededor del 20 % de los vigilantes se han sumado a la huelga.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia han señalado que sólo tres de los noventa trabajadores han comunicado a la empresa Sinergias de Seguridad y Vigilancia que no acudirán hoy a trabajar.

El sindicato convocante -mayoritario en el sector- acusa al nuevo adjudicatario del servicio de "no respetar el convenio estatal" y de haber aplicado "rebajas de 400 euros en unos salarios de 1.100 euros" a los trabajadores subrogados.

Además, ha calificado de "abusivos" los servicios mínimos fijados para la huelga, de casi el 90 %.

Previamente, la adjudicataria de este servicio era la empresa Magasegur, que renunció a los contratos que tenía en vigor con la Comunidad de Madrid poco después de entrar en concurso de acreedores por la ejecución de embargos administrativos por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

A continuación, el Gobierno regional tramitó un "contrato de emergencia" de tres meses, desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, que se adjudicó a la empresa Sasegur para las dependencias de cultura, turismo y empleo y a Bilbo para las de educación, que son todas las que tenía a su cargo Magasegur.

A partir de julio, se convocó un nuevo concurso que, en el caso de los centros dependientes de la Oficina de Cultura y Turismo, ganó Sinergias de Seguridad y Vigilancia, cuyo contrato está vigente hasta el 31 de diciembre.

A partir de esa fecha, el Gobierno regional tenía previsto centralizar los servicios privados de seguridad y vigilancia de todas las consejerías con un nuevo contrato, una idea que finalmente ha sido descartada.

Desde la Consejería de Presidencia y Justicia han anunciado a Efe que para el pliego del nuevo concurso, que saldrá el 1 de enero, se están revisando los criterios de adjudicación para reducir el factor precio y que la oferta económica no sea determinante.

Además, han explicado que se adjudicó el contrato a Sinergias de Seguridad y Vigilancia al obtener la mejor puntuación.

Al respecto, han informado de que no sumó los 20 puntos de cumplimiento de convenio estatal, ya que tiene convenio propio de empresa, pero en la parte económica su oferta fue la más barata.

"No se puede excluir de la licitación a las empresas por tener convenio propio. Hasta la fecha, Sinergias de Seguridad y Vigilancia está cumpliendo el contrato de forma correcta", han añadido las mismas fuentes.

Los vigilantes convocados a la huelga están presentes en lugares como la Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina, la Casa Museo Lope de Vega o el Museo Casa Natal de Cervantes, en Alcalá de Henares.

PUES ESO...

Fuente: http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20160825/huelga-vigilantes-cultura-turismo-3468884.html

jueves, 25 de agosto de 2016

La delgada línea que separa la externalización y la precariedad

Limpiadora de hotel haciendo una cama. EL MUNDOMUNDO

El 90% de las empresas con un volumen de facturación superior a los 12 millones recurre a empresas multiservicios

Las 'kellys' se plantan

25/08/2016 03:02

Las empresas multiservicio se han puesto muy de moda en los últimos años. Un 90% de las compañías con un volumen de facturación superior a los 12 millones de euros recurre a ellas para que les proporcionen servicios de seguridad, limpieza, mensajería, jardinería, transporte, logística, marketing, etc.

Pero mientras las grandes corporaciones aseguran que esto les permite ser más eficaces en la gestión y ahorrar costes, los sindicatos sostienen que estas externalizaciones vienen acompañadas de rebajas salariales y de un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores.

Como sucede, por ejemplo, con las llamadas 'Kellys' -las camareras de piso que trabajan en los hoteles-. Las contratadas a través de empresas multiservicio cobran hasta un 40% menos de lo estipulado en el convenio provincial o del sector, según denuncia UGT. Es decir, 685 euros frente a 1.169.

En su informe 'Empresas multiservicios, o cómo precarizar el empleo', el sindicato que lidera Pepe Álvarez,(UGT) subraya que "la subcontratación a través de las empresas de servicios permite pagar un salario mucho más bajo que el que le correspondería a un trabajador de la empresa y, además, sin ningún tipo de sujeción al convenio correspondiente a esa compañía".

Razones del 'boom'

Éste es precisamente otro de los problemas de las empresas multiservicios. Como se dedican a varias actividades, no está claro qué convenio colectivo de sector se debería aplicar. Además, la reforma laboral de 2012 otorga prioridad al convenio de la empresa por encima de los sectoriales. Por tanto, si la empresa de servicios tiene un convenio propio se aplicaría éste, y normalmente tienen condiciones inferiores al convenio del sector.

Pero, ¿por qué se ha producido este 'boom'? Desde UGT explican que las empresas multiservicios se han aprovechado del declive que han sufrido las empresas de trabajo temporal en los últimos años tras la regulación del sector. "La contratación a través de ETT ha dejado de ser rentable cuando las empresas cliente se han visto obligadas a pagar a los trabajadores cedidos los mismos salarios que estaban pagando a sus propios empleados, como consecuencia de la equiparación salarial que introdujo la regulación de las ETT".

Así, estas empresas de servicios, que pertenecen generalmente a grandes compañías constructoras, de seguridad privada y entidades especializadas en gestión de recursos humanos, han sabido aprovechar el vacío legal que existe todavía respecto a su actividad y viven una edad dorada. No sólo las grandes empresas recurren a ellas, también lo hacen el 70% de las corporaciones con ingresos por encima de los tres millones y las administraciones públicas, donde el grado de externalización es también muy elevado.
Cruzada sindical

Los sindicatos han lanzado una cruzada contra las empresas multiservicios, al considerar que precarizan las condiciones laborales de los trabajadores.Y han impugnado convenios de empresas que habían pactado condiciones inferiores -tanto en salarios como en derechos- a las del convenio sectorial de referencia o que incluían cláusulas abusivas e ilegales.
Además, tanto CCOO como UGT han establecido como línea general en la negociación colectiva pactar siempre la aplicación del convenio del sector salvo que la regulación de la propia empresa sea más beneficiosa, y no promover la creación de nuevos convenios colectivos en empresas multiservicios en tanto no se reforme el marco legal y convencional.

Los sindicatos denuncian que la proliferación de empresas multiservicios está provocando el incremento de la competencia desleal entre las empresas del sector, la implantación de una doble escala salarial, la reducción de las plantillas oficiales y que se multipliquen los casos de cesión ilegal de trabajadores, es decir, cuando una empresa que no es una ETT pone a disposición de otra un trabajador, limitándose a cederlo.

La hostelería, el sector más afectado

Aunque las externalizaciones afectan a todos los sectores, la hostelería es uno de los más afectados. Si a finales de 2014 un 30% de los 260.000 empleados que trabajan en los hoteles españoles estaban externalizados, se prevé que este porcentaje se duplique en cinco años, con un incremento medio anual de entre el 10% y el 15%. Conscientes de que se trata de un fenómeno en aumento, el secretario general de CCOO del área de Servicios, José María Martínez, advertía en el boletín de la organización del pasado mes de junio, de la precaria situación laboral de las camareras de piso en un momento en que España está batiendo récords de ocupación. «Es ilegal pagar por habitación hecha un sueldo medio de dos euros», denunciaba indignado. La mayoría de establecimientos hoteleros recurren a empresas multiservicios para las tareas de limpieza y mantenimiento y éstas no aplican los convenios de hostelería sino los suyos propios, con peores condiciones laborales y salariales. Así, según denuncia CCOO, estas trabajadoras pierden «un 40% de salario, trabajan a destajo, pierden el derecho a continuar trabajando en caso de cambio de empresa subcontratada, se incrementan de forma notable los accidentes laborales tanto físicos como psicosociales y se pierden complementos de nocturnidad, días festivos, así como otros derechos». Desde el sector se defienden asegurando que se trata de una práctica habitual en otros países, que permite ahorrar costes y ganar en eficiencia y niegan, por el contrario, que se precaricen las condiciones laborales.

Fuente: http://www.elmundo.es/economia/2016/08/25/57b606c9e2704ed82a8b45f5.html

Madrid cambiará baremos de adjudicación para evitar empresas de seguridad 'piratas'

La Consejería de Presidencia dará menos valor al factor precio en favor de otros criterios como el de que las mercantiles cumplan los salarios acordados en el convenio colectivo

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y de Seguridad Integral Canaria y otras

empresas del sector que se descuelgan del convenio colectivo. (EFE)

25.08.2016 – 11:04 H.

El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, revisará los baremos para la adjudicación de contratos de seguridad de sus edificios después de que decenas de vigilantes anunciaran para hoy una huelga, por la concesión de uno de los servicios a la empresa Sinergias, que ha bajado el sueldo de los trabajadores casi en un 40%.

La mercantil ganó el concurso después de la quiebra de la compañía Magasegur -que tenía adjudicado el servicio y que, al igual que Sinergias, también pagaba por debajo del convenio colectivo-, que forzó a la Comunidad de Madrid a sacar uno nuevo, que por la vía de urgencia se entregó a la sociedad Sasegur, aunque únicamente para los meses de abril a junio. En julio, Sinergias ganó la nueva adjudicación -que dura hasta el próximo 31 de diciembre- debido a que el precio que ofrecía para realizar el servicio era el más bajo de las tres ofertas que se presentaban.

En concreto, Sinergias se hizo con el trabajo en un momento en el que Presidencia concedía 60 puntos sobre 100 al criterio del precio. El departamento dirigido por Garrido ya había reducido el peso del elemento precio, que antes de esa adjudicación estaba en 70 puntos sobre 100 (para la contratación de Magasegur, por ejemplo). Sin embargo, con 60 le bastó a Sinergias para ganar el concurso.

Cristina Cifuentes y su mano derecha Ángel Garrido

Ahora desde la Consejería explican que van a bajar aún más este peso del precio precisamente para que empresas que se descuelgan del convenio tengan menos posibilidades de ganar los concursos que se saquen de aquí en adelante. No se modificará, sin embargo, el que ya se concedió a Sinergias, por el que los vigilantes de seguridad están haciendo hoy una huelga que está teniendo lugar en los edificios de cultura y turismo que controla Presidencia. Será solo a partir del 1 de enero, cuando se adjudique el nuevo servicio de estos inmuebles, cuando se incluyan ya los nuevos baremos de contratación. La Consejería, de hecho, trabaja ya en un nuevo pliego para este servicio.

Aunque se reduzca el peso del precio que ofrece la mercantil, lo cierto es que éste factor debe seguir siendo el más determinante para adjudicar un servicio de estas características, ya que de lo contrario podría llamar la atención el Tribunal de Contratación Pública o la propia Intervención. Según fuentes de la Comunidad de Madrid, la Consejería prevé que factores como que las empresas se ajusten al convenio o que tengan planes de formación para los empleados pesen más que hasta ahora. En el momento de la adjudicación a Sinergias, estos dos últimos conceptos suponían 20 puntos sobre 100 cada uno.

Los vigilantes han visto reducir su sueldo un 40% de la noche a la mañana; de 1.100 a algo más de 700 euros al mes.

La contratación de Sinergias por parte de Presidencia conllevó una reducción de salario de casi el 40% para los profesionales de la seguridad que vigilan los edificios afectados. En concreto, éstos vieron reducir su sueldo de 1.100 a algo más de 700 euros al mes, lo que provocó las protestas de estos trabajadores, que para más inri hasta ayer por la noche no conocieron los servicios mínimos acordados por la Delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid para la huelga.

Según el Sindicato Libre de Seguridad (SLS), que es el que ha convocado la huelga, las autoridades han situado los servicios mínimos en un 90%, dado que muchos edificios tan solo tienen un vigilante, lo que a juicio de la organización provoca que sea difícil averiguar el seguimiento. En relación a la previsión de revisar el peso del factor precio en la contratación, el SLS se muestra escéptico. "Si la Comunidad de Madrid quiere modificar los criterios de adjudicación y no priorizar el subasteo, lo celebramos, pero desconfiamos, ya que tuvieron su oportunidad en el último concurso y no lo hicieron", aseguran.

"Esta es una de las cuestiones que venimos reivindicando desde hace tiempo; la urgencia ahora es que los trabajadores recuperen el 40% de su salario anterior y que Sinergias se niega a respetarles", añaden desde el sindicato, que también se muestra preocupado por la "imposibilidad de que la CAM agrupe en un macroconcurso la contratación de seguridad privada". "Así se abre la posibilidad de prorroga para la empresa Sinergias", apuntan.

Vigilante de seguridad privada en el Metro de Madrid (EFE)

La reducción de los salarios de los vigilantes de golpe y porrazo es algo habitual en el sector. La empresa que se hace con un servicio contrata a todos los trabajadores que ya estaban realizando esa tarea y, si tiene un convenio propio que se descuelga del colectivo, automáticamente se lo aplica y les baja el sueldo a los empleados, que cambian de uniforme, de material y de ingresos de la noche a la mañana. Los sindicatos han denunciado a estas empresas, a las que califican de 'piratas', pero la reforma laboral les permite presentarse a los concursos.

Durante los últimos meses, varias compañías de seguridad contra las que han protestado también algunos sindicatos han sufrido el azote de los tribunales, aunque por otros motivos. Alcor, Esabe o Seguridad Integral Canaria se han vistoafectadas por procesos judiciales que ponían el foco en la propia compañía o en el proceder de sus directivos.

En no pocas ocasiones, estas mercantiles incluso son contratadas por la administración público, como son los casos de las mencionadas Magasegur o Sinergias, que también presta servicio en las instalaciones del Boletín Oficial del Estado, dependientes del Ministerio de Presidencia del Gobierno de España.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/2016-08-25/la-comunidad-de-madrid-revisara-los-criterios_1251086/

Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados.

Documento	Descarga del fichero	Formato	Tamaño	Fecha
Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados.		PDF	112 Kb	23/02/2016

(BOE núm. 21, de 24 de enero de 2008)

Última actualización: 23/02/2016

La Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, se configura como el marco básico para establecer, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución, una política integral de emigración y de retorno que salvaguarde los derechos económicos y sociales de los ciudadanos españoles que residen en el exterior y para facilitar la integración social y laboral de los retornados.

El capítulo II del Título I de la Ley recoge derechos sociales y prestaciones, entre los que además del derecho a la protección de la salud, se introduce la prestación por razón de necesidad como un nuevo concepto que engloba la prestación económica por ancianidad, la prestación económica por incapacidad y la asistencia sanitaria.

El Estatuto de la ciudadanía española en el exterior supera el concepto tradicional de emigrante contemplado en la Ley 33/1971, de 21 de julio, de Emigración, que vinculaba la acción protectora a la existencia de una relación de trabajo o actividad lucrativa, e indirectamente, a los familiares a su cargo.

Esta nueva dimensión de los beneficiarios se plasma en este real decreto, que equipara a los cónyuges o parejas de hecho de los emigrantes al mismo nivel de protección, no quedando supeditadas a la mera condición de familiares. De esta forma, se corrige la situación de desigualdad existente hasta ahora y se garantiza el disfrute pleno de sus derechos.

El presente real decreto tiene por finalidad establecer un mecanismo de protección que garantice el derecho a percibir una prestación a los españoles residentes en el exterior que habiéndose trasladado al exterior por razones laborales, económicas o cualesquiera otras y habiendo cumplido 65 años de edad o estando incapacitados para el trabajo, se encuentren en una situación de necesidad por carecer de recursos suficientes para cubrir sus necesidades. El importe de esta prestación vendrá determinado para cada uno de los países de forma objetiva, tomando como referencia la realidad socioeconómica del país de residencia.

El objetivo último que persigue este real decreto es configurar un sistema de protección por razón de necesidad para los beneficiarios que incluya, además de la prestación económica por ancianidad o incapacidad, la protección sanitaria.

La inclusión de la incapacidad dentro de la prestación por razón de necesidad otorga a esta prestación la consideración de derecho subjetivo, superando el concepto de ayuda asistencial que tenía hasta el momento.

Con el fin de clarificar y homogeneizar la determinación y el reconocimiento del derecho a la prestación económica, se unifican los requisitos exigidos para acceder a la prestación por razón de necesidad en sus dos modalidades.

El real decreto recoge de forma expresa los criterios a tener en cuenta para el cómputo de las rentas o ingresos imputables al solicitante, ampliando el concepto de unidad familiar y delimitando claramente los supuestos de extinción del derecho a la prestación por razón de necesidad, como mecanismos para evitar o limitar las posibilidades de fraude.

Por lo que se refiere a la prestación por incapacidad, se define la situación de incapacidad absoluta para todo trabajo, y se regula el procedimiento para su valoración y revisión.

En materia de asistencia sanitaria, se articula el procedimiento para garantizar la cobertura de la prestación a los beneficiarios residentes en el exterior y, con el fin de mejorar la calidad del servicio prestado, se contempla la necesidad de evaluación de la protección que se dispensa por parte de las entidades que prestan la cobertura de asistencia sanitaria.

Por último, se recoge la pensión asistencial por ancianidad para los españoles de origen que retornen a España, y se reconoce su derecho a la asistencia sanitaria siempre que no lo tuviesen por otro título, derecho que se extiende a los pensionistas españoles de origen residentes en el exterior en sus desplazamientos temporales a nuestro país. De igual forma, se incluye en el texto normativo la asistencia sanitaria para los trabajadores por cuenta ajena españoles de origen residentes en el exterior que se desplacen temporalmente a España y a los familiares a su cargo.

Hay que resaltar que esta ampliación de la cobertura de la asistencia sanitaria supone una mejora considerable para los distintos colectivos, que hasta el momento debían costear total o parcialmente la prestación.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de enero de 2008.

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I Prestación por razón de necesidad

CAPÍTULO II Prestación por incapacidad

CAPÍTULO III Asistencia sanitaria

CAPÍTULO IV Prestaciones para españoles de origen retornados

Enviado por:

José Eduardo Bocanegra Carreño.
Sección sindical estatal

Secretario de Acción Sindical UGT CASESA

La precarización del trabajo femenino produce un incremento de los accidentes in itínere entre las mujeres

La precarización del trabajo femenino produce un incremento de los accidentes in itínere entre las mujeres

UGT | viernes, 19 de agosto de 2016

La Secretaria Ejecutiva Confederal de UGT, Isabel Araque ha explicado hoy que el hecho de que haya más accidentes laborales in itínere entre las mujeres se debe, fundamentalmente a la elevada precarización del trabajo femenino.

Isabel Araque ha manifestado que la reforma laboral y el mal uso que se hace de la contratación "han provocado un incremento del número de desplazamientos que las mujeres realizan durante la jornada laboral. De hecho, muchas de ellas, con contratos a tiempo parcial, simultanean varios empleos".

"Las mujeres sufren más la temporalidad, la parcialidad, los bajos salarios o las rotaciones pero es que además soportan altos niveles de estrés al estar sometidas a una mayor presión con las obligaciones familiares y domésticas y todas estas cuestiones han propiciado, sin duda, el aumento de este tipo de accidentes laborales" ha explicado.

En el primer semestre del año se produjeron 37.543 accidentes in itínere en España y el 57% de las víctimas fueron mujeres.

Un saludo.

Audio valoración de Isabel Araque, Secretaria Confederal de UGT

Enviado por:

José Eduardo Bocanegra Carreño.

Sección sindical estatal

Secretario de Acción Sindical UGT CASESA

Extracto de la Resolución de 21 de julio de 2016 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que se convocan subvenciones a las organizaciones sindicales presentes en las Mesas Generales de Negociación del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, p

BOE: Alertas legislativas

BOE a la Carta: Alertas legislativas

Trabajo y empleo (1 disposición)

1. Extracto de la Resolución de 21 de julio de 2016 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que se convocan subvenciones a las organizaciones sindicales presentes en las Mesas Generales de Negociación del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para el ejercicio 2016.
  
  Departamento:
  
  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
  
  Publicación:
  
  BOE nº 205 de 25/08/2016, p. 48855 a 48855 (1 página)
  
  Ver documento:
  
  BOE-B-2016-39254

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miércoles, 24 de agosto de 2016

La gente está demasiado endeudada y la solución es el sindicalismo

La defensa del sindicalismo no se puede dejar solo en manos de los políticos: tenemos que enarbolarla todos nosotros.

Por Medios CC/CL-24/08/2016

Los salarios han experimentado la mayor caída en Reino Unido desde la época victoriana. La negociación colectiva puede ayudar a recuperarlos, por el bien de los trabajadores y de la economía en general.

Owen Jones | El Diario | 23/08/2016

Pasar noches en vela mirando al techo mientras las preocupaciones bailan de forma obsesiva sobre la mente. Suspirar profundamente antes de abrir la factura del gas. Renunciar a un plato caliente para que tus hijos no tengan que hacerlo. Vivir con deudas puede ser agotador y emocionalmente exasperante, y es la realidad diaria de demasiadas personas.

Según un nuevo informe de la federación de sindicatos TUC, 3,2 millones de familias británicas gastan más de un cuarto de sus ingresos totales en devolver préstamos no asegurados (es decir, sin incluir las hipotecas). Para 1,6 millones de familias con endeudamiento extremo, la radiografía es aún más desalentadora: más del 40% de sus ingresos van a sus acreedores.

Esta es la experiencia que viven los británicos en situación de pobreza laboral, los que sacan adelante el país con su trabajo duro y les premian con pobreza e inseguridad. Los trabajadores del país han sufrido la mayor caída de salarios desde que la reina Victoria estaba en el trono.

Entre 2007 y 2015, los sueldos reales se redujeron en un sobrecogedor 10,4%, la peor caída en cualquier país avanzado con la salvedad de Grecia. Una deuda cada vez mayor es el precio que han pagado muchos trabajadores británicos por el catastrófico fracaso económico de George Osborne y sus colegas, entre quienes estaba quien ahora es la primera ministra del país.

¿Cuál es la cura? El gobierno apuntará sin duda a un aumento del salario mínimo, pero se espera que las modificaciones de los impuestos y las prestaciones sociales dejen a muchos trabajadores peor en cualquier caso en los próximos años. La implantación de un auténtico sueldo de subsistencia –en lugar de un salario mínimo rebautizado como algo que no es– ayudaría, y es de agradecer que los dos candidatos a liderar el Partido Laborista estén comprometidos en ello. Pero es necesario defender que los trabajadores se unan para garantizar una mejora de los salarios: sindicalismo, en otras palabras.

Aun durante los años del boom económico, los salarios estaban estancados o incluso en declive para millones de empleados británicos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Para empezar, se gastaron más miles de millones de libras de dinero público en subsidios para quienes ya tienen un trabajo para compensar esa caída. Pero en los años previos a la crisis, muchos trabajadores se endeudaron más para mantener una calidad de vida que se les escapaba.

Eso no es bueno para los trabajadores, ni tampoco para la economía. Pero fue en un momento en el que muchas empresas estaban presentando grandes beneficios. No estaban compartiendo la riqueza con la fuerza laboral que la creaba en primer lugar. ¿Y por qué deberían? Con un sindicalismo tan abatido por las leyes punitivas y el declive industrial, apenas recibían presiones para hacerlo.

En los países nórdicos, que los trabajadores estén afiliados a un sindicato es la norma. Más calidad de vida y más igualdad de la que tenemos en Reino Unido son dos de las consecuencias. Jeremy Corbyn –que con casi total seguridad será reelegido como líder laborista el próximo mes– ha desvelado propuestas como la negociación colectiva obligatoria para las empresas que tengan más de 250 empleados. Una perspectiva así ayudaría a elevar los salarios de los trabajadores, no solo por su propio bien, sino también en beneficio de la economía británica.

Pero la defensa del sindicalismo no se puede dejar solo en manos de los políticos: tenemos que enarbolarla todos nosotros. Hay que hacerla en un lenguaje que resuene en los oídos de los millones de trabajadores no afiliados, y especialmente en los de los más jóvenes, a quienes la propia idea de sindicalismo les parece culturalmente ajena. La deuda de las familias es una plaga en el Reino Unido moderno, y el sindicalismo es una de sus curas.

martes, 23 de agosto de 2016

La Guardia Civil persigue a los vigilantes de seguridad para que se pongan la placa en castellano.

La Guardia Civil "persigue" a los vigilantes de seguridad para que se pongan la placa en castellano.

Gemma Liñán
Barcelona. Martes, 23 de agosto de 2016

Desde hace unas semanas agentes de la Guardia Civil del aeropuerto de Barcelona piden a los vigilantes de seguridad que se cambien la placa del uniforme que llevan en catalán por una en castellano, según ha podido saber El Nacional. La placa lleva el número identificativo de cada agente y la inscripción "Vigilante de seguridad".

Las empresas de seguridad privada hicieron hacer las placas nuevas en catalán a sus trabajadores hace unas semanas basándose en la orden INT/14/2012, del 17 de enero de la Ley de Seguridad Privada que regula, entre otras cuestiones, las características de los distintivos de los vigilantes. Pero hace unos días que los agentes de la Guardia Civil que trabajan en el aeropuerto, que son los que tienen las competencias de la seguridad, están pidiendo a los vigilantes de diferentes empresas de vigilancia privada que se cambien las placas y se las pongan en castellano. Argumentan que hay un reglamento que los obliga a llevar la placa en castellano y que si no lo cumplen los pueden multar o incluso inhabilitar.

Poco a poco, los vigilantes se han ido cambiando, de nuevo, las placas. Se las compran ellos. Cuestan 12 euros. Se las encargan y pagan los mismos agentes de seguridad. Algunos las compran por Internet.

Fuentes de la Guardia Civil explican a El Nacional que aunque el mencionado nuevo reglamento no existe, sí que está la sentencia judicial que anula la orden de la Generalitat que obligaba a los vigilantes a llevar la placa en catalán. La sentencia, sin embargo, estaba pendiente del recurso que había presentado a la Generalitat. Se ha resuelto este año. Y el Tribunal Supremo da la razón a la Delegación del Gobierno Español que es quien pidió anular la orden. Y por lo tanto, la Guardia Civil la intenta hacer cumplir persiguiendo a los vigilantes que llevan la placa en catalán para que se la cambien al castellano.

Con todo, fuentes policiales aseguran que "no hay ninguna instrucción de la Guardia Civil" para ordenar a los vigilantes que se cambien las placas. También aseguran que no han recibido ninguna queja de las diferentes compañías de seguridad privada que operan en el aeropuerto. "La relación entre Guardia Civil y empresas es muy buena", aseguran.

Las diversas compañías de seguridad privada que operan en el Aeropuerto del Prat admiten que tienen conocimiento de los hechos. "Acatamos la sentencia" dicen en declaraciones a El Nacional, pero también reconocen que en ningún momento han comunicado a su personal que se ha derogado la orden que establecía que las placas se tenían que llevar en catalán y que se las tienen que cambiar. Por lo tanto, los vigilantes que trabajan en el Aeropuerto codo con codo con la Guardia Civil no saben nada.

Algunos de los vigilantes de seguridad se han encontrado en plena operación de las vacaciones de verano, con las largas colas en los controles de pasajeros, y con la Guardia Civil en la nuca pidiéndoles que se cambien la placa bajo la amenaza de ser expedientados sin que nadie de su empresa les haya comunicado cuál es la legislación vigente y que ya hay sentencia firme sobre la disputa lingüística entre la Generalitat y el Estado.

Cuatro años esperando la sentencia

La decisión sobre si las placas de los vigilantes de seguridad tienen que ser en catalán o castellano ha acabado en el Tribunal Supremo. El Supremo ha anulado la orden porque argumenta que la Generalitat "pretende desplazar el uso del castellano".

El año 2012 la Generalitat modificó la ley y aprobó una nueva orden donde se establecía que los vigilantes de seguridad tenían que llevar la identificación en catalán, porque esta es la lengua oficial de Catalunya. Pero la Delegación del Gobierno Español en Catalunya recurre a la Abogacía del Estado y presenta un recurso. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya resuelve en el 2013 que la identificación tiene que ser en castellano.

Ante la sentencia la Generalitat presenta un recurso de casación y el caso se eleva al Supremo. El Gobierno catalán alegó que el Estatut d'Autonomia de Catalunya "habilita a la Generalitat en virtud de su competencia lingüística para la adopción de las disposiciones encaminadas a promover la normalización lingüística entendida como las disposiciones orientadas a asegurar el respeto y el fomento del uso de la lengua propia de Catalunya, corrigiendo una situación histórica de desigualdad con respecto al castellano".

Justo este mes de abril, tres años después del inicio de la disputa, el alto tribunal ha resuelto que las placas tienen que ser en castellano. Argumenta, a pesar de que el catalán es la lengua oficial de Catalunya, "el Estado tiene competencia exclusiva para regular la prestación de los servicios de seguridad por empresas privadas y sobre su personal al formar parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149, 1 29 de la Constitución". La sentencia del Supremo también remarca que "Los vigilantes de seguridad privada ni se tratan de una actividad administrativa ni una empresa pública o concesionaria de un servicio público, sino de una actividad complementaria y subordinada respecto de las de seguridad pública prestada por empresas privadas". Con eso argumenta que la Generalitat no tiene competencias "sectoriales para regular la actividad de seguridad privada" y tampoco puede incidir en materia lingüística y menos "para sustituir los distintivos fijados por la normativa estatal por una regulación que pretende desplazar el uso del castellano".

Catalán lengua oficial

La Generalitat tiene competencias en materia de seguridad privada. Así lo establece el artículo 163 del Estatut d'Aautonomia de Catalunya, con respecto a la autorización de las empresas de seguridad privada que tienen su domicilio social en Catalunya y cuyo ámbito de actuación no rebasa este territorio; la inspección y la sanción de las actividades de seguridad privada que se cumplen en Catalunya, la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada y la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía de la Generalitat y las policías locales de Catalunya. Además, el Decreto 272/1995, de 28 de septiembre, también regula el ejercicio de competencias que corresponde a la Generalitat de Catalunya en materia de seguridad privada.

El Estatut, además, concreta que la lengua propia de Catalunya es el catalán y que, por lo tanto, es la lengua oficial. Igual que también lo es el castellano, porque de hecho, lo es a todo el Estado Español.

Fuente:

http://www.elnacional.cat/es/sociedad/guardia-civil-catalan-vigilantes-seguridad-aeropuerto_108141_102.html

La triste figura del sistema de protección social

UGT | lunes, 22 de agosto de 2016

En este año, en el que se conmemora el 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, no puedo dejar de hacer una similitud entre el “caballero de la triste figura, con el semblante, que ofrece en nuestro país, la protección a la dependencia.

La crisis que estamos viviendo ha diezmado nuestro sistema de protección social, pero especialmente la protección a la dependencia. Una protección que para muchos de nuestros dependientes y sus familias se ha convertido en una parodia.

El Gobierno del PP ha modificado sistemática y unilateralmente una ley que fue fruto del diálogo social y cuyo objetivo es ampliar la acción protectora del Estado y del Sistema de la Seguridad Social, garantizando a los ciudadanos y ciudadanas recursos y servicios de atención y cuidados para aquellas personas que lo necesitan. Pero este derecho social ha quedado desvirtuado por los continuos recortes: se han reducido las cantidades económicas que habría que abonar a los beneficiarios, ha bajado la intensidad de las prestaciones, se ha eliminado el nivel acordado del sistema de financiación, se ha revisado la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, más de 140.000 cuidadores han dejado de cotizar a la Seguridad Social (por la suspensión del convenio especial) y se ha incrementado el copago en las prestaciones.

UGT ha manifestado, en muchas ocasiones, su descontento en la gestión de esta ley, tanto a nivel estatal como autonómico, y la falta de voluntad política para implantar, con celeridad, un sistema de calidad que ofrezca una cobertura suficiente, tanto a los dependientes moderados como a las grandes dependencias, y la prevención de la misma. Y lo más importante, que la persona esté íntegramente atendida, a través de servicios de calidad y por profesionales del sector, cumpliendo los principios inspiradores de la ley.

Sin embargo, los recortes económicos han entorpecido el desarrollo de esta ley. Ha primado el ahorro presupuestario por encima de los derechos sociales:

Así, las reformas efectuadas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, lideradas por el RD 20/2012, han supuesto el declive de la protección a las personas en situación de dependencia. Con él se instauró una oleada de recortes en la financiación del sistema, a través de los Presupuestos Generales del Estado, que rondan cerca de los 2.000 millones de euros. Lo que repercute directamente en las personas dependientes y sus familias, que se ven abocadas a costear y hacerse cargo de los cuidados de sus familiares dependientes.

A la pérdida sucesiva de financiación del sistema se unió, en detrimento de la calidad de la atención, una reducción de las prestaciones de carácter económico, la intensidad de los servicios y el descenso de las horas de atención y cuidado que brindan los servicios; aumentando la aportación del beneficiario al sistema. Se paga más para una cobertura más deficiente.

Las actuales cifras del sistema son engañosas, ya que, si bien el número de personas que están siendo atendidas se ha incrementado paulatinamente, debido principalmente a la entrada en el sistema de los dependientes moderados, es preocupante que todavía, tras más de 10 años de andadura de este sistema, éste aún no haya atendido a las personas que se encuentran en situación de dependencia y que llevan tiempo esperando su inclusión en el sistema. Según los últimos datos publicados, más de 380.000 personas con una dependencia reconocida aún están esperando que les sea adjudicado un servicio y empezar a cobrar una prestación, es decir hay un 32% de dependientes reconocidos en lista de espera. ¿Cuánto más tienen o pueden esperar?

Es preciso incrementar los servicios y prestaciones del catálogo del SAAD y su intensidad, gestionados por el sector público, y garantizar que la atención y cuidados que esta ley se dispense a los beneficiarios de forma integral, asegurando la percepción de las prestaciones universales y públicas como un derecho subjetivo.
Una de las prioridades que debe tener el próximo gobierno y el Parlamento, en la próxima legislatura, debería ser derogar el Decreto-ley 20/2012 en aquellos aspectos que modificaron el sistema de protección a la dependencia, garantizando su financiación acorde con el coste real, para que la cobertura sea suficiente y de calidad.

Asimismo, es necesario potenciar la coordinación en la gestión de la dependencia entre todas las administraciones; y otorgar mayor celeridad a todo el procedimiento de valoración, a la gestión de los trámites en el reconocimiento de la situación de dependencia y en la adjudicación, en el menor tiempo posible, de un servicio o una prestación al usuario.

Web de El Plural.com

Un saludo.

Enviado por:

José Eduardo Bocanegra Carreño.
Sección sindical estatal

Secretario de Acción Sindical UGT CASESA

Aumentar la edad de jubilación en un país con más de la mitad de los jóvenes en paro es inverosímil

UGT | jueves, 18 de agosto de 2016

La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas ha manifestado hoy que la propuesta del Bundesbank alemán de elevar la edad de jubilación hasta los 69 años es una medida impensable en un país como España en el que la mayor parte de los parados de larga duración son mayores de 55 años y más de la mitad de los jóvenes carecen de empleo.

Cristina Antoñanzas ha subrayado que para asegurar la sostenibilidad de las pensiones en España es necesario luchar contra la precariedad laboral provocada por la reforma laboral, ya que “la temporalidad, la parcialidad y los bajos salarios están dando lugar a una reducción de los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social y esta tendencia sólo puede invertirse con empleo de calidad y mejores salarios, no mediante un aumento de la edad de jubilación. No es un problema de natalidad sino de número de cotizantes y calidad de las cotizaciones provocado por el alto desempleo, la precariedad y los bajos salarios”.

“Por el contrario, UGT apuesta por recuperar la jubilación parcial a los 60 años unida al contrato de relevo, entre otras cuestiones, como fórmula de salida para los trabajadores mayores e ingreso de los jóvenes en el mercado laboral con cotizaciones dignas y, al mismo tiempo, es fundamental buscar mecanismos que permitan a los parados mayores de 55 años acceder a pensiones dignas ya que, en la actualidad, la mayoría de estas estas personas difícilmente volverán a encontrar empleo después de haber cotizado durante más de 35 años y verán reducidas sus pensiones hasta un 50%”.

“Además”, ha destacado, “es preciso reactivar el Pacto de Toledo y abrir un espacio de negociación con los agentes económicos y sociales para buscar fórmulas definidas de financiación de la Seguridad Social vía presupuestos, suprimir los factores que debilitan el sistema de pensiones y sus ingresos, como la precariedad del empleo, la devaluación salarial y las políticas de reducción de cotizaciones, y completar la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social para que las cotizaciones sociales financien la parte contributiva y las prestaciones no contributivas y los gastos de gestión del sistema se paguen con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”.

La Vicesecretaria General de UGT, ha recordado que en España hay muchos sectores, en los que trabajar con esa edad en las condiciones adecuadas no es viable ni justo y que no sólo se puede pensar en la capacidad del trabajador de desarrollar el trabajo, hay anteponer la salud de esos trabajadores.

Para finalizar, Cristina Antoñanzas ha denunciado que tanto el Bundesbank como el Banco Central de España deberían centrarse en realizar su trabajo y “vigilar la actuación de los bancos –algunos rescatados con dinero público- antes que opinar sobre cuestiones que atañen a los trabajadores”.

Un saludo.

Enviado por:

José Eduardo Bocanegra Carreño.
Sección sindical estatal

Secretario de Acción Sindical UGT CASESA

viernes, 19 de agosto de 2016

Encuesta de Estructura Salarial 2014 (28 de Junio 2016)

miércoles, 17 de agosto de 2016

El conflicto del sindicalismo español: representar a todos los trabajadores con las cuotas de unos pocos.

El conflicto del sindicalismo español: representar a todos los trabajadores con las cuotas de unos pocos

Las centrales sindicales cuentan con menos recursos económicos que en la mayoría de países europeos, pese a tener una de las representatividades más altas
Los convenios y acuerdos que firman tienen eficacia general, es decir, sirven para todos los trabajadores, estén o no afiliados, y eso, aseguran, no incentiva a la afiliación
Para financiarse han recurrido en ocasiones a actividades no sindicales que han derivado en escándalos por la mala gestión de fondos

Ana Requena Aguilar - Madrid

Trabajadores de Coca-Cola protestan contra el ERE cerca del Congreso. / Efe

España es el cuarto país de la Unión Europea con más representación sindical en sus empresas, tanto pequeñas como medianas y grandes. Según la Encuesta Europea de Empresas 2013, por delante sólo se encuentran Dinamarca, Finlandia y Lituania. La cobertura de la negociación colectiva es también una de las más elevadas de la UE (más del 80% de los trabajadores están resguardados), una cifra que equipara a España con los países nórdicos y centroeuropeos. Sin embargo, al hablar de financiación, la cosa cambia: es una de las más escasas de Europa.

"No hemos articulado bien un mecanismo para financiar a los sindicatos. Son entidades privadas, como los partidos, pero que ejercen unas funciones de interés general: la interlocución social, la negociación colectiva, formar parte de organismos públicos, la presencia en las empresas... El despliegue de todas sus funciones necesita apoyo económico", explica la catedrática de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Yolanda Valdeolivas.

Ella es una de los más de cien firmantes de un manifiesto en defensa de la actividad sindical que acaba de presentarse y en el que personas dedicadas a la investigación y la universidad piden que los poderes públicos aborden cuanto antes "el sostenimiento legal, económico y social" de los sindicatos "como instituciones imprescindibles para la defensa de los intereses que le son propios, que son hoy, más que nunca, los de todos los ciudadanos".

El fraude de los cursos de formación es la última noticia que ha puesto sobre el disparadero el problema de la financiación de los sindicatos. Pero en realidad el conflicto se enraíza muy atrás y lleva a otros escándalos anteriores como el de la cooperativa de las PSV del caso de UGT. Al final, los sindicatos buscan recursos financieros en actividades que no son las centrales del sindicato –como la organización de viajes– y es cuando aparecen los problemas.

En el modelo español, todos los trabajadores se benefician de la negociación colectiva, del diálogo social y de la actividad de los representantes sindicales en la empresa, es decir, su aplicación es universal. Sin embargo, sus costes corresponden a las propias organizaciones. ¿Cómo se financian? La principal fuente de financiación de los sindicatos mayoritarios –UGT y CCOO– son las cuotas de sus afiliados.

Precisamente, el hecho de que en España la negociación colectiva sea de eficacia general desincentiva la afiliación a los sindicatos. "Hay países donde la negociación colectiva es limitada y la afiliación es muy alta. Allí los convenios sólo afectan a los trabajadores sindicados y luego hay una vía de adhesiones que pasa por compensar por los gastos de negociación", explica Valdeolivas.

Menos dinero

Por otro lado, los Presupuestos Generales del Estado determinan una partida destinada a financiar parte de la actividad sindical y de las organizaciones empresariales. Esta cantidad depende de la representatividad de cada organización. Existe, además, otra partida para compensarles por su labor de interlocución social e institucional y su participación en órganos de representación. En total, la partida dirigida a la financiación sindical es ahora aproximadamente la mitad que hace dos años.

España es también uno de los seis países europeos con el porcentaje más bajo de empresas que financian la actividad sindical y con menos medios para formar a los representantes de los trabajadores, según muestran varios indicadores de la OCDE y la Comisión Europea.

Las organizaciones sindicales también arañan recursos de otros caladeros: cobro de algunos servicios a trabajadores no afiliados, alquiler de espacios e instalaciones o, por ejemplo, subvenciones para impartir cursos de formación. No obstante, estas últimas tienen un carácter finalista, es decir, sólo pueden emplearse para llevar a cabo la acción para las que han sido concedidas. Los sindicatos (como el resto de empresas u organizaciones que pueden acceder a estas subvenciones) se quedan un pequeño margen de beneficio como gastos de gestión.

El exministro de Trabajo Valeriano Gómez, uno de los firmantes del manifiesto, sostiene que los sindicatos no deben convertirse en "grandes academias de formación", sino que deben concentrarse en la defensa de los intereses de los trabajadores. "Mientras que hemos creado un modelo sindical cuya eficacia se extiende a todos los trabajadores, no hemos creado los medios para que las organizaciones sindicales puedan sostenerse, y eso está generando problemas constantemente", asegura.

En España hubo un intento por mejorar la financiación sindical a través del llamado canon de negociación: una cantidad proporcional al salario que cada trabajador afectado por un convenio pagaría como compensación por los gastos generados por el proceso. El Tribunal Constitucional, sin embargo, tumbó la idea por considerarla una forma de presionar indirectamente para que las personas se afiliaran. Después de eso, no hubo más intentos por introducir novedades.

Con todo, los escándalos en la gestión de los cursos de formación han puesto este problema bajo el foco. Urge una solución y, por lo pronto, los expertos abogan por instaurar unas auditorías internas exhaustivas que aseguren que los fondos que mueven los sindicatos y las organizaciones empresariales se utilizan debidamente. "En realidad son organizaciones muy grandes y muy federalizadas, es muy difícil controlar hasta el último euro", comenta un sindicalista.

El Gobierno ha puesto sobre la mesa una reforma de la financiación de los cursos de formación, pero los sindicatos lamentan que sólo se abogue por su privatización sin intentar enfrentar los problemas de fondo.

Fuente: http://www.eldiario.es/economia/sindicatos-mucha-representatividad-pocos-recursos_0_243226681.html

El código «Código Laboral y de la Seguridad Social » ha sido actualizado el 17 de agosto de 2016,

BOE, ACTUALIZACIÓN CÓDIGO

El código «Código Laboral y de la Seguridad Social » ha sido actualizado el 17 de agosto de 2016,
- por modificaciones incorporadas en:
  - Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud
    - Artículo 3. De la condición de asegurado.
    - Descargue PDF gratuito (25.197 KB)
    - Descargue ePUB gratuito (9.187 KB)

viernes, 12 de agosto de 2016

UGT cumple hoy 128 años

UGT | viernes, 12 de agosto de 2016

Hoy viernes, 12 de agosto, se cumplen 128 años de la constitución de la Unión General de Trabajadores, como resultado del Congreso Obrero celebrado en Barcelona del 12 al 14 de agosto de 1888.

En aquel Congreso, germen histórico del sindicalismo de clase en España, participaron 44 sociedades obreras (o sociedades de resistencia) de diferentes partes del país y en representación de 5.154 asociados pertenecientes a diferentes oficios, que pretendían constituir una organización nacional que, mediante la actuación y resistencia organizadas, les permitiera mejorar en todos los sentidos las condiciones de trabajo.

Mejorarlas "apelando a la huelga bien organizada y recabando de los Poderes públicos cuantas leyes favorezcan los intereses del trabajo, tales como la jornada de ocho horas, fijación de un salario mínimo, igualdad de salarios para obreros de uno u otro sexo, etc.", objetivos que serían convertidos en leyes durante la II República.

El resultado de aquella reunión fue la constitución de la Unión General de Trabajadores de España, que después de 128 años se erige como un referente en la defensa de los derechos de los trabajadores y un actor fundamental de la vida pública de nuestro país.

Este 128º aniversario se celebra tras el 42º Congreso Confederal de la organización, que el sindicato ha aprovechado para adecuar su estructura territorial y sectorial a la constante transformación del modelo social, político y económico de nuestro país.

Cambios que no hacen sino reforzar la actuación de UGT en su lucha por conseguir empleos dignos y de calidad, por buenos salarios y condiciones de trabajo, por aumentar la protección social y mejorar los servicios públicos fundamentales, con el convencimiento de que defender los pilares del Estado de Bienestar es un paso imprescindible para el desarrollo económico del país y sus trabajadores y luchar contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.

miércoles, 10 de agosto de 2016

Unos policías italianos acaban cocinando para un matrimonio de ancianos que iban a rescatar.

Por Medios CC/CL

09/08/2016

A veces la soledad se funde en lágrimas. A veces es como una tormenta de verano. Viene de repente y se apodera de uno”, dice la policía de Roma en un comunicado.

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gonzoo.com | 09/08/2016

La pasada semana una patrulla de la Policía de Roma protagonizó una acción de lo más heroica, y no precisamente por la criminalidad de los hechos, sino por lo humano de la acción. La historia de Jole (89 años) y su marido Michele (94), no está dejando indiferente a nadie.

Según informó la Policía de Roma, cuatro agentes acudieron a la casa de un matrimonio anciano ante el aviso de los vecinos de que los llantos de la pareja no cesaban. Cuando llegaron allí, el panorama que se encontraron fue más duro que cualquier delito menor. La pareja acusaba una dolencia social, llamada soledad.

A través del Facebook del cuerpo policial, ha sido la propia Policía de Roma la que ha emitido un comunicado explicando la historia del matrimonio, desolado ante la ausencia de compañía, ya que hacía meses que nadie los visitaba. La televisión y sus siempre fieles malas noticias se habían convertido en la única compañía de Michele y Jole, que después de 70 años casados teniéndose el uno al otro, ahora reclamaban la atención familiar correspondida por las edades que ya atraviesan.

Mientras se esperaba la llegada de los efectivos de salud para comprobar el estado de los ancianos, decidieron tener un gesto que ha hecho que esta historia se haya vuelto viral; sin duda, un importante mensaje para concienciar sobre este mal social que no es ni mucho menos, poco común.

Las armas y esposas no fueron necesarias para cumplir con su misión en esta ocasión, así que las cambiaron por un delantal y utensilios de cocina; uno de los agentes les preparaba algo de comer con los pocos recursos que había en el hogar mientras el resto del cuerpo policial cumplía con otra misión simple pero esencial: escuchar, dar la atención que los ancianos reclamaban con los sollozos. “Hoy se cena en familia” rezaba el comunicado de la Policía italiana.

La izquierda rompe el neoliberalismo en Portugal

¿Por qué nos cuesta tanto copiar a los portugueses ?

Por

Medios CC/CL 09/08/2016

El gobierno socialista portugués con el apoyo del Partido Comunista, el Bloque de Izquierda y Los Verdes, han acordado impulsar una legislación progresista que sirvió para garantizar el fin de los recortes salariales, incremento de los salarios y las pensiones y la jornada semanal de 35 horas.

José Ramón Llanos | semanariovoz.com | 05/08/2016

Sin la espectacularidad mediática del triunfo de Syriza en Grecia y sin la movilidad en el escenario continental de Tsipras y Varoufakis, en Portugal una alianza de Los Verdes, el Bloque de Izquierda y el Partido Socialista, ha logrado lo que se creía imposible: neutralizar los efectos lesivos del modelo neoliberal sobre los ingresos de los asalariados de menores ingresos y la clase media. Con el plus de que ha logrado el Gobierno luso manejar más acertadamente el acuciante fardo de la deuda soberana del país. Como todos saben la deuda de los países europeos fue el detonante que hizo estallar la crisis del año 2008, que aún gravita sobre todas las economías de los países del viejo continente.

Efectivamente, el gobierno socialista portugués con el apoyo del Partido Comunista Portugués, PCP, el Bloque de Izquierda y Los Verdes, han acordado impulsar una legislación progresista que sirvió para garantizar el fin de los recortes salariales, incremento de los salarios y las pensiones y la jornada semanal de 35 horas. El gran valor político de estos hechos benéficos para los trabajadores y la soberanía nacional, se fundamenta en el desafío a las orientaciones, mejor expresado, imposiciones de la llamada Troika.

Una vez más queda demostrado que la unidad de los partidos y movimientos progresistas, jalona la lucha de los pueblos y garantiza avances contra la excesiva explotación del empresariado y sus concesiones al imperialismo, especialmente a su brazo financiero. Precisamente, el acierto del Primer Ministro Antonio Costa, del Partido Socialista, consistió en forjar una coalición programática con los partidos de izquierda de Portugal. Los frutos de esa alianza están a la vista: la derrota de las políticas de austeridad, receta única de la Troika, para tratar de superar la crisis que abate la economía y a las familias europeas.

La lección es más significativa si se tiene en cuenta que el Jefe de Estado es Marcelo Rebelo de Sousa un veterano conservador. Sin embargo, el Primer Ministro Costa, tuvo que aceptar, para garantizar la gobernabilidad, compromisos con los Verdes de no privatizar el agua; los comunistas le exigieron estatizar el transporte en Oporto y Lisboa y recuperar los derechos conculcados a los pensionados.

De igual manera tuvieron que reponer las sumas escamoteadas a los salarios de los empleados públicos; eliminar los desahucios y renegociar la deuda externa con base en las orientaciones de un Grupo de Trabajo. Dos medidas son extraordinariamente importantes, casi imposibles de pensar en Colombia en el estado actual de la izquierda: reducción del IVA del 23 al 13% y congelar la privatización de la banca.

La Troika- constituida por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea- ven en la política progresista lusa un riesgo para sus imposiciones económicas, ya que de ser impulsadas en otros países de Europa, perdería fuerza su autoridad para imponer sus orientaciones y estrategias financieras y puede saltar en mil pedazos el modelo neoliberal, fuente de las exorbitantes ganancias de los capitalistas y del dominio sobre la clase obrera.

En el manejo acertado que le está dando la izquierda portuguesa a la lucha política, tiene Syriza una lección que deberían asimilar.

Fuente: http://iniciativadebate.org/2016/08/09/izquierda-rompe-el-neoliberalismo-en-portugal/

martes, 9 de agosto de 2016

No dejarse domesticar

Gracias a elementos como éste, los que de verdad estamos al pie del cañón somos medidos con la misma vara.

Seguimos sin saber el origen de la fortuna de Villa, con pensión falsificada y Medalla al Mérito en el Trabajo

Jesús Cintora | eldiario.es | 08/08/2016

El jeta sindical existe y el caso de José Ángel Fernández Villa simboliza lo peor. Como dicen algunos mineros asturianos, el protagonista de esta historia “nun bajó al pozu en su vida”. No bajó, porque lo suyo era subir. En los años 60, Villa empieza a trabajar como maquinista en el exterior de la mina. En los 70 se hace liberado sindical y llega a liderar SOMA-UGT. En los 80 inicia una carrera política que le llevó a diputado autonómico socialista y, ya en los 90, a senador. En esa década, a los 53 años, se jubila, con la pensión máxima de invalidez, cobrando más de 2.500 euros al mes.

Muchos sabían que “El Villanu”, como ahora le llaman algunos, había fingido un accidente para tener una jubilación dorada, pero esto se mantuvo en la oscuridad del carbón. Hasta tal punto, que el gobierno de Zapatero le concedió a Villa la Medalla al Mérito en el Trabajo. Sin duda, seguía en racha. A cielo abierto. Tuvieron que pasar casi 20 años desde su jubilación hasta que cayó en barrena. Entonces, supimos que nuestro héroe también había recurrido a la amnistía fiscal de Montoro. Nada menos que para lavar casi un millón y medio de euros. De origen desconocido.

Dicho de otra forma, cuando los trabajadores se partían el lomo, “El Villanu” cortaba el bacalao. La suciedad de los despachos puede ser más negra que el pozo. Fernández Villa aprovechó el poder de intimidación de la lucha minera, para medrar con los jefes. Conseguía los mejores puestos, sueldos o vacaciones, pero también intervenía para poner cargos en el sindicato, en el partido, en el Ayuntamiento, en el Gobierno autonómico, en medios de comunicación o en la Caja de Ahorros asturiana (una de esas entidades que luego hubo que rescatar con dinero público).

Es todo tan chungo como la historia de su “invalidez”. Falsificó documentos hasta escribir que se había caído en la mina, pero la versión inicial nos remonta a que le cayeron encima unas cajas de sidra. Borracho de éxito, se jubiló y quedan por aclarar las presuntas mordidas en los fondos mineros o en el montepío de los trabajadores. Lo último que sabemos es que Villa padece “grave trastorno memorístico”.

Ojalá se recupere, pero alguien debería contar la verdad. Hay quien aprovecha estos casos para decir que todo el sindicalismo sobra, pero la unión sindical de los trabajadores ha servido y sirve para defender derechos y el avance social. Lo mejor es separar el polvo de la paja y no meterlo debajo de la alfombra. Como dijo Marcelino Camacho: “Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar”. Venderse es un síntoma de que te han domesticado ya.

fuente:http://iniciativadebate.org/2016/08/09/no-dejarse-domesticar/