Los datos macroeconómicos ponen de manifiesto que España comienza a
salir de la grave crisis económica que hemos tenido que soportar durante
la última década, pero también que la salida que se está
produciendo y la riqueza que se está generando ni llega a la inmensa
mayoría de la sociedad, ni parece que por sí solo vaya a llegar. No es
casual, las decisiones que se han venido tomando durante la crisis no
solo pretendían hacer recaer íntegramente sus consecuencias sobre la
mayoría de la sociedad mientras ésta durara, sino que estaban concebidas
y diseñadas para impedir que los sectores más castigados por la misma
pudieran disputar una redistribución más justa coincidiendo con su
salida.
Cabe igualmente señalar que las citadas medidas incluían
las de dinamitar los instrumentos de intervención social, con la clara
intención de inhabilitarlos o dificultar extraordinariamente su papel
como interlocutores capaces de disputar en estos momentos un reparto más
social del crecimiento y la riqueza. Entre los instrumentos a
inhabilitar se encuentran los sindicatos, que si bien no son los únicos,
sí ocupan un lugar preferente. Negarlo solo sería posible desde una
posición cínicamente interesada o de miopes con necesidad de
tratamiento.
Por cierto, no podemos dejar de señalar que
cuando estábamos finalizando de redactar estas líneas llegó a nuestro
poder un interesante artículo publicado en un prestigioso diario digital
español, que bajo el titulo La derecha se organiza para propinar un
golpe económico decisivo a los sindicatos en EEUU informa que The
Guardian ha tenido acceso a unos documentos secretos de think tanks
conservadores en los que se planifica una campaña nacional para
convencer a los miembros de los sindicatos que dejen de pagar sus
cuotas. Otros confines, pero ninguna casualidad.
A las
organizaciones sindicales se les achaca de todo, y no es que pensemos
que sean infalibles, que no tengan déficit y carencias o que no hayan
cometido errores, sino que se les imputan infinidad de cosas que a
fuerza de repetirse machaconamente parecen haberse convertido en
verdades absolutas, o se les atribuyen responsabilidades que en muchos
casos incluso transcienden las funciones propias que como sindicatos les
corresponden. No nos sorprende en absoluto, la inquina contra los
sindicatos de clase es directamente proporcional al nivel de
preocupación que despiertan entre quienes conforman el núcleo duro de
poder político y económico en nuestro país. La irrelevancia no se
combate, sencillamente se obvia.
Aunque en absoluto es para
estar satisfechos, poco importa que ninguna otra fuerza política o
social se aproxime, ni de lejos, al cerca del millón de afiliados y
afiliadas que por separado tienen cada una de las organizaciones de CCOO
y UGT; para que de cualquier manera se siente cátedra sobre la
debilidad afiliativa de los sindicatos. Como tampoco importa que ambas
organizaciones revaliden su representatividad ininterrumpidamente desde
1978 y cada cuatro años; entre ambas con cerca de doscientos mil de
delegados y delegadas sindicales elegidos directamente por sus
compañeros y compañeras en sus respectivos centros de trabajo, en un
admirable ejercicio democrático a lo largo y ancho del país, repartidos
en todos los sectores productivos; para que de todas formas nieguen su
representatividad. Por cierto, un proceso de elecciones que, salvo en
el ámbito político, es inexistente en la inmensa mayoría de los
espacios relacionados con el resto de interlocutores sociales, por no
decir en todos.
Se oculta también que ambos sindicatos
negocian y firman miles de convenios colectivos que recogen las
condiciones laborales de millones de trabajadores y trabajadoras en
España –no sin extraordinarios esfuerzos y dificultades; agravados ahora
por las indecentes reformas laborales aprobadas en los últimos años–;
única manera de justificar el discurso de la inutilidad e inoperancia en
el que tanto empeño ponen. Y lo hacen sin rubor alguno, al mismo tiempo
que protegen y omiten señalar a los verdaderos responsables que han
socavado y eliminado los instrumentos que garantizaban la protección de
los trabajadores y trabajadoras en la negociación colectiva.
Podríamos
referirnos a otras muchas cosas relacionadas directamente con la
actividad de las organizaciones sindicales en el ámbito laboral –el
ámbito genuinamente propio y fundamental de la actividad sindical–
aunque las lógicas razones de espacio nos obligan a un último asunto que
nos está llamando poderosamente la atención y no podemos dejar de pasar
por alto.
Durante años se criticaba al sindicalismo de clase
por intervenir en asuntos que transcendían el marco estrictamente
laboral, de pronunciarse, revindicar o movilizarse por temas
sociales y civiles que afectan a los trabajadores y trabajadoras en su
calidad de ciudadanos, y era habitual que se les acusara por ello de
politización, en un intento mal disimulado de recluir y arrinconar a los
sindicatos en el interior de los centros de trabajo. Ciertamente el
sindicalismo de clase estuvo, está y estamos seguros que estará –aunque
pueda escocer– en la defensa de una sociedad más justa y más libre;
preocupados por el futuro del sistema público de pensiones, de la
sanidad y la educación pública, de la igualdad de hombres y mujeres, de
la atención a las personas dependientes, del derecho a la vivienda, de
los derechos humanos y un largo etcétera. Unas veces acompañando o
haciéndose acompañar y otras muchas veces en solitario o con escasos
apoyos, tratando de dar respuesta a problemas existentes en la sociedad.
Sin
embargo, estamos observando como quienes antes criticaban más
activamente eso, ahora, que afortunadamente otros actores sociales
irrumpen con una fuerza admirable en la disputa de los derechos
arrebatados en la última década y otros que aún se encontraban
pendientes de conquistar, buscan permanentemente alentar el
enfrentamiento y la división, tratando de realizar ridículas y pueriles
comparaciones y cuestionar de paso la capacidad de movilización de los
sindicatos, obviando que en la mayoría de las movilizaciones
–identificados o no– éstos forman parte de las mismas. Tampoco les
interesa reconocer que los sindicatos, que durante mucho tiempo tuvieron
que cargar casi en solitario con infinidad de mochilas, hoy se sienten
profunda y sinceramente aliviados de compartir el peso con cada vez más
colectivos y personas implicadas; conscientes además de que es lo mejor
que puede ocurrir para multiplicar las posibilidades de éxito en la
defensa de los derechos sociales.
España no ha sido capaz aún de
reconocer la verdadera contribución de las organizaciones sindicales a
la conquista de las libertades, a la construcción del sistema
democrático, a la vertebración social y la conquista de derechos
laborales, civiles y sociales. Seguros estamos que nunca pensaron en
obtener reconocimiento por ello, lo que no implica que desde esta
tribuna de opinión renunciemos a reclamar el respeto que merecen. Buena nota deberían tomar también algunos sectores de la izquierda política, pero eso será para otro momento.
Mientras
tanto que nadie se confunda, el sindicalismo de clase renovará su
compromiso con la sociedad, especialmente con los sectores sociales a
los que más directamente representa, y dependiendo de la materia en
cuestión seguirá presente en los espacios socio–políticos; en unos casos
asumiendo el mayor protagonismo, en otros acompañados en pie de
igualdad y en otras ocasiones acompañando y apoyando a los actores
protagonistas
Fuente:http://elcorreoweb.es/opinion/columnas/objetivo-inhabilitar-a-los-sindicatos-GM4178091
