lunes, 17 de septiembre de 2012

Seguridad privada > Sergio García de la Cruz


Seguridad privada > Sergio García de la Cruz

septiembre 16, 2012 | Opinión



Corren nuevos tiempo para la seguridad privada, se avecinan cambios y llegan cargados de novedades. Su ley, la 23/1992, se prepara para ser derogada en breve. El nuevo nos traerá una nueva ley.

Los primeros antecedentes de seguridad privada los podemos encontrar en una figura que nace durante el siglo XIX, denominada Guardas Jurados, en su reglamento vemos que se pretendía de ellos: “hombres de buen criterio y prestigio entre sus gentes, que cuidaran como suyo lo que era de los demás”.

Hablamos de un sector que mueve en toda España en torno a 90.000 personas activas, de los que el gobierno quiere beneficiarse en pro de todos, se intenta completar un círculo de “seguridad integral” en busca del mandato que le asigna la Constitución de garantizar la Seguridad Ciudadana.

De hecho, ya estamos asistiendo a un adelanto de lo que se pretende con esta nueva ley, y prueba de ello es el Plan Integral de Colaboración del Cuerpo Nacional de Policía con el Sector de la Seguridad Privada, el proyecto RED AZUL, un modelo de colaboración profesional, de complementariedad y corresponsabilidad, de aprovechamiento de los recursos de la Seguridad Privada por parte de la Seguridad Pública, y que se une al Programa Coopera de la Guardia Civil que también refuerza la colaboración entre estas.

Entre el aluvión de premisas que traerá la nueva ley se encuentran la del aumento de obligaciones para ciertas empresas u organismos en cuanto a la creación de Departamentos de Seguridad, de manera que garanticen la seguridad.

Tras los sucesos de las Torres Gemelas en Estados Unidos, los dirigentes políticos están optando por la necesidad de crear micro núcleos de seguridad, de manera de que cada uno gestione su propia seguridad según la legislación vigente.

Otra de las novedades que nos llega es la de asignar vigilantes privados a los centros penitenciarios con las funciones de control de accesos y control de cámara de circuito cerrado de televisión, funciones que harán de apoyo al Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil y bajo su supervisión, este proyecto que lleva un retraso considerable se activará en varias fases, la primera de tipo experimental en prisiones como: Sevilla II, Puerto de Santa María I y II, etc. La ley también pretende acabar con uno de los grandes problemas que azotan este sector, como es el intrusismo, traerá nuevos mecanismos de lucha y un agravamiento de las sanciones, tanto para las empresas como para las personas que transgredan dicha ley ejerciendo funciones para las que no están autorizados.

En definitiva, se pretende levantar un sector en crisis añadiendo efectivos de la seguridad privada a ciertos edificios públicos, y obligando a determinadas empresas a contar con sus servicios.

También se pretenden beneficiar de estos efectivos, apéndices de la seguridad pública, añadiéndolos a la en provecho de todos. Se instaurará un copago para ciertos eventos que requieran de seguridad pública.

Una de las mayores demandas, como es la del reconocimiento de su condición de agentes de la autoridad, tampoco llegará esta vez. Pero, esto es un tema que analizaré con más profundidad en un próximo artículo.

domingo, 9 de septiembre de 2012

Como la cosa está que arde hay una cosa que no debemos olvidar a pesar de la situación que vivimos, es EL PODER DE LA SONRISA


Transcripción:


jueves, 6 de septiembre de 2012

Texto "definitivo" del convenio.A falta del artículo 14

Texto definitivo del convenio

A continuación colgamos el texto del convenio que se está haciendo de rogar, pues está pendiente de la resolución del artículo 14. En todo lo demás se supone definitivo, que lo será efectivamente cuando como todos sabemos sea publicado en el BOE.

Saludos.

ver texto en pdf:

jueves, 23 de agosto de 2012

CUANTO MAS ME EXPLICAN LA LEY MENOS LA ENTIENDO

GORDILLO Y EL CAOS 09:48

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2012/08/21/gordillo-caos/1286386.html

MANUEL ALIAGA

Ante la supuesta comisión de un delito, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los vigilantes de seguridad, e incluso cualquier ciudadano, puede proceder a la detención del que lo está cometiendo. Cuando la detención proceda de manos del ciudadano o de los vigilantes de seguridad, inmediatamente deberán ponerlo en conocimiento y a disposición de la policía, para no incurrir en responsabilidad alguna. Será la policía quien leerá los derechos del art 520 de la LECRIM al detenido y se lo llevará a la comisaria. Pasar la noche en comisaria privado de libertad, la ulterior declaración o no ante el agente de policía con el abogado presente, además de la reseña policial, es decir la foto y anotación en los registros policiales, suelen ser las usuales obligaciones a las que ha de someterse cualquier ciudadano al que se le acusa de haber cometido un delito.
El alcalde Gordillo ha causado un alto golpe de efecto con ocasión del hurto de productos alimentarios dentro de los carros de Mercadona. Tales conductas pueden encajar dentro de la detención válidamente efectuada por los vigilantes de seguridad, habida cuenta de que la intención del autor, pese a que incluso pudieran gritar a voces, que se lo llevan para donarlos a los más necesitados, comprensiblemente, supondría ser inmediatamente frenados en seco por el buen vigilante que cumple con su trabajo y la apertura de un procedimiento penal. Y es que detener a quien se va sin pagar con un carro lleno de alimentos propicia válidamente la detención y ulterior puesta a disposición policial. Ahora bien, ¿es o no delito la actuación perfectamente coordinada por el Sindicato andaluz? En mi opinión, salvo la agresión o intimidación, que sí podría servir para proseguir con el procedimiento, de acreditarse la ausencia de ánimo de lucro, supondría el tener que archivar el procedimiento por no ser constitutivas tales conductas de delito ni de falta, y nos encontraríamos ante cuestiones civiles, pues la falta del requisito del ánimo lucro es insalvable, en sentido estricto. El Juez instructor podría entender que existen indicios de delito y seguir adelante, pero en la vista oral, el Juez de lo Penal, con alto grado de probabilidad absolverá. Ahora bien, si ese entrar y salir con carros cuenta además con el beneplácito de aquellos que van a recibir los bienes, entonces sí podríamos encontrarnos en la comisión de delito, pues los que reciben los bienes hurtados serían cooperadores necesarios, es decir coautores, más que cómplices y no meros encubridores, si es que en realidad sabían del plan preconcebido. Ni en uno ni en otro caso, en sentido estricto, nos encontraríamos ante delincuentes, sino más bien en activistas, desobedientes civiles. Aun en el peor de los casos, y finalmente, si los bienes son los de primera necesidad, podríamos encontrarnos con causas que podrían eximir de castigo o atenuar la pena, por lo que el eficaz golpe de efecto efectuado por Gordillo ha logrado su objetivo, que no es otro que llamar la atención sobre las dificultades que atraviesan determinados ciudadanos. Posibilitar un techo donde dormir, asearse y comer a diario, debería ser un objetivo básico para un Estado del Bienestar.
Robar es un delito, pero lo que cometió el sindicato andaluz no lo fue, teniendo en cuenta que para ser delito tienen que darse todos y cada uno de los requisitos tipificados en el código penal. La provocación del delito, es decir, animar a otras conductas similares, sin ánimo de lucro, tampoco son delito en éste caso. Sin embargo, los límites entre lo penal y lo civil, lo lícito de lo ilícito, del bien y del mal, no desvirtúa el sentido común de los ciudadanos, pues a ninguno nos gustaría dormir en la cárcel. Pero es que además, todos podemos distinguir que conductas son merecedoras de mayores reproches y sanciones, correspondiéndole al legislador fijar las penas. Lucrarse con millones de euros puede ser tan delito como lucrarse con botes de garbanzos, aunque todos comprendemos que no es lo mismo. El golpe de efecto de Gordillo ha calado hondo en todas las capas sociales. La preocupación y el miedo al caos, se afianza con éste golpe de efecto, pero no podremos justamente reprocharle a Gordillo que el caos sea consecuencia suya, sino más bien éste será consecuencia de la ineficacia de nuestros gobernantes, en sentido amplio. El sistema educativo con amplitud de masters contrasta con la marcha de nuestros estudiantes al extranjero por falta de oportunidades, así como de bajos salarios. Nuestros políticos deben conseguir fortalecer nuestra posición en Europa, no sólo a nivel impositivo, otras cuestiones son igualmente necesarias.