jueves, 20 de julio de 2023

DEFENDER LO GANADO, AVANZAR EN DERECHOS


La legislatura que acaba de terminar ha sido la más difícil en materia económica y social de nuestro país desde la transición democrática, debido al impacto de dos sucesos que han tenido mucha incidencia en la vida de las trabajadoras y trabajadores, la pandemia de covid-19 y la guerra en Ucrania.

Estos dos elementos han tenido un impacto de tal magnitud en la Unión Europea que ha obligado a ésta a poner en marcha un programa comunitario de gasto dirigido a impulsar la reconstrucción económica, porque además de las terribles consecuencias en vidas humanas provocó un enorme impacto en la disponibilidad de materias primas esenciales, y especialmente el gas que generó una fortísima elevación de los precios de la electricidad para empresas y hogares afectando a la economía nacional. Lo que derivó en toda Europa en una fuerte subida de la inflación y, por tanto, en el poder adquisitivo de las familias.

No se entiende la acción del Gobierno de coalición sin tener en cuenta estos elementos que ha condicionado su acción del gobierno, teniendo en cuenta las dificultades objetivas y las medidas que se han tomado en este periodo con enorme calado en la mejora de la vida de las personas, y en las que UGT ha participado con una veintena de acuerdos firmados. Es por lo que hacemos un balance positivo.

Gracias al diálogo social se ha propiciado un número récord de normas pactadas con las organizaciones sindicales. Acuerdos como la Reforma Laboral, que es un elemento clave y pieza fundamental que está permitiendo a nuestro país dar estabilidad en el empleo a millones de trabajadores y trabajadoras. O el Acuerdo sobre las Pensiones, que garantiza al sistema viabilidad hasta 2050 y una revalorización automática de las pensiones con relación al IPC, como demandaba nuestro sindicato.

Además, otras normas pactadas de enorme calado se han puesto en marcha durante estos últimos años, acuerdos en materia de salud laboral, la Ley sobre plataformas digitales (Ley sectores reparto a domicilio), la ley del teletrabajo o las continuas subidas del SMI, que ha sido un motor económico importantísimo para la recuperación económica de nuestro país.

Todas estas políticas acordadas puestas en marcha por el Gobierno de España han tenido también un reflejo en Andalucía donde gracias al mecanismo de los ERTEs se salvaron 500.000 empleos, y solo entre 2022 y lo que llevamos de 2023 se han firmado dos millones de contratos indefinidos, se han sentado las bases para reducir la temporalidad en el sector público, 5.000 trabajadores/as del reparto a domicilio han visto sus derechos reconocido con un contrato laboral con derechos más de 250.000 andaluces tele trabajan de forma habitual. 2,3 millones de jubilados y pensionistas andaluces han visto incrementadas sus pensiones en un 10%, un 12% para las pensiones no contributivas. Y si hablamos del Salario Mínimo (SMI), se ha incrementado en esta legislatura en un 47%, llegando hasta los 1.080 en 14 pagas.

A pesar de estas mejoras la UGT quiere Avanzar en Derechos, porque lo logrado en esta legislatura no se puede ni debe perder. Ya hemos visto lo fácil que es quitar derechos y cuánto cuesta conseguirlos por los votos en contra en el Congreso del PP y Vox a todas estas leyes. Por esta razón, los peldaños ganados son nuestro suelo a partir del cual queremos avanzar en los próximos años, alcanzando de una vez por todas el bienestar que tiene la media de los trabajadores y trabajadoras en Europa.

El sindicato quiere que se aproveche al máximo cada uno de los 21.000 millones de los Fondos Europeos que el Gobierno de España ha consignado para Andalucía hasta 2026, además de los 15.000 que se recibieron para la recuperación de la actividad y el empleo en los sectores más afectados por la crisis. Que no se devuelva dinero por no ejecutar los programas cómo ha hecho la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

Por esa razón estamos solicitando a los partidos políticos que apoyen los derechos logrados, que ha hecho que nuestra economía crezca como ninguna de la Unión Europea, tengamos récords históricos en empleo y en la caída de la tasa de paro, y récord de afiliación a la seguridad social cómo no ha habido ningún otro desde el proceso transición democrática en España.

Pero queremos seguir avanzando, asumiendo retos pendientes en el marco del diálogo en una jornada laboral de 35 horas por ley y negociando las 32 horas. Consolidar el SMI al 60% de salario medio de la UE por ley. Mejorar la Ley de Vivienda. Aprobación de una ley para la participación de la representación de las personas trabajadoras en los consejos de administración de las empresas. Poner cláusulas sobre la Inteligencia Artificial garantizando el empleo e incluyendo control humano. Modificación del despido para limitar las causas. Pedimos una Ley e control de la cadena productiva y de suministros para que controle los precios; la creación del delegado/a sectorial de prevención de riesgos laborales, también del delegado/a de Igualdad para impulsar y participar en los planes de igualdad en las empresas; limitar las subcontratas y aplicación del convenio por el que rija la empresa, entre otros…

Queremos un Estatuto de las Personas Trabajadoras del siglo XXI que incluya los derechos conquistados y las nuevas realidades que presenta el mercado de trabajo.

Nos jugamos mucho. Sobre todo, porque la ultraderecha y derecha española nos han anunciado que van a hacer si llegan a gobernar, derogar todo.

Por esta razón, hacemos un llamamiento de cara a las Elecciones Generales del 23 de junio, para que los comités de empresa, juntas de personal y nuestros delegados y delegadas en los centros de trabajo, se sumen a la difusión de nuestras propuestas sindicales para esta nueva legislatura.

¡¡¡POR LO MUCHO QUE HAY EN JUEGO, CADA VOTO CUENTA!!!



Esperamos sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo.



Soledad Ruíz Seguín

Secretaria General de UGT Málaga

viernes, 16 de junio de 2023

El líder de la patronal recula y dice que la reforma laboral “se puede retocar”

El presidente de CEOE apostó anoche por “defender lo firmado”, el acuerdo con los sindicatos, pero este martes ha precisado que “eso no significa” que no pueda retocarse “como ha dicho el señor Feijóo”

— España se arriesga a multas millonarias de Bruselas si Feijóo deroga la reforma laboral o la ley de vivienda

Tras defender anoche la reforma laboral, el líder de la patronal recula unas horas después. “Nosotros pediremos un respeto y los defenderemos. Lo firmado, firmado está”, dijo Antonio Garamendi ayer lunes por la noche sobre el acuerdo alcanzado con los sindicatos sobre la reforma laboral. Este martes, el presidente de los empresarios ha precisado que la regulación “se puede retocar”, “como ha dicho el señor Feijóo”, ha afirmado a los medios de comunicación.

El discurso de Garamendi ha variado bastante en las últimas horas. “Los pactos son para ser estables en el tiempo y tienen que ir hasta el final. Nosotros pediremos un respeto y los defenderemos. Lo firmado, firmado está”, sostuvo este lunes por la noche el presidente de la CEOE durante unas jornadas con motivo del 45º Aniversario de Cinco Días.

El líder de la principal organización empresarial española y los de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), defendieron los numerosos acuerdos del diálogo social en los últimos años, tanto en la pandemia como en numerosas legislaciones como la reforma laboral, la de pensiones, la ley rider o la de teletrabajo, que han convertido a España en una referencia internacional.

Tanto para el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, como para el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, los pactos a dos y tres bandas que se han logrado en esta legislatura son “garantía de paz social”, por lo que deben ser respetados a “largo plazo” y responder al “interés de la sociedad”.

Unas horas después: “Se puede retocar”

Las palabras de Garamendi en defensa de la reforma laboral suponían un mensaje muy relevante para el principal líder de la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que había anunciado su voluntad de modificar algunos aspectos de la legislación laboral.

Pero este martes el discurso de Garamendi ha cambiado notablemente. “Los acuerdos son a largo plazo. Eso no significa que haya puntos, como ha dicho el señor Feijóo, que se pudieran retocar. Eso es lo que yo he dicho. Yo defiendo los acuerdos (...), que lógicamente son los que marcan y tienen que marcar el futuro, pero evidentemente, como todo en la vida, podrá cambiarse o no cambiarse”, ha afirmado el presidente de la CEOE a los medios de comunicación en un acto, recoge Europa Press.

De hecho, Garamendi ha añadido algunas modificaciones concretas. “Habrá cosas que habrá que cambiar”, como el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, referido al despido colectivo, ha dicho el líder de la patronal. El empresario vasco ha afirmado que “el Gobierno ha cambiado sin consultar” este artículo, por el acuerdo en el Parlamento con EH Bildu para que la Inspección de Trabajo controle más las causas de los ERE, y que la CEOE pedirá modificar, ha afirmado.

Otro tema que se puede abordar, ha dicho Garamendi, es la posibilidad de las empresas de trabajo temporal (ETT) de firmar contratos fijos discontinuos. “Hay muchos temas que se pueden hablar y que están abiertos (...) Hemos llegado a un acuerdo, que ese acuerdo lógicamente está para cumplirse, pero que evidentemente si se abren espacios después, hablaremos”, ha precisado el presidente de los empresarios.

Feijóo no ha sido claro sobre sus planes respecto a la reforma laboral, aunque está abanderando una futura “derogación del Sanchismo”. Los sindicatos ya habían defendido la normativa por el consenso y sus resultados de reducción de la temporalidad, se sumaba ahora la patronal, y además España se arriesgaría a multas millonarias si derogara este hito incluido en el Plan europeo de Recuperación tras la pandemia.

Peligro del diálogo social ante la extrema derecha

Con la vista puesta en los próximos comicios generales del 23 de julio, patronal y sindicatos reivindicaron que se mantenga la relevancia del diálogo social, como recoge la Constitución. En este punto, los sindicatos han señalado el peligro de la extrema derecha de Vox, que ya está debilitando la concertación social en Castilla y León.

“Tiene a los sindicatos en el eje de sus iras, es evidente que es para temer por el diálogo social y por muchas más cosas”, afirmó Unai Sordo, con la prueba de lo que ya está haciendo el partido liderado por Santiago Abascal en le gobierno de Castilla y León, donde han intentado acabar con el servicio de mediación regional (SERLA). Acciones que han generado la preocupación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pepe Álvarez sostuvo que quien quiera actuar fuera de este contexto deberá explicarlo, ya que a la ciudadanía “no se le puede tomar el pelo”.

Por su partes, Antonio Garamendi advirtió de que “también hay populismos muy de izquierdas metiéndose con las empresas y los empresarios permanentemente de forma insoportable”. “Y aquí estoy”, añadió.

Los tres protagonistas de los agentes sociales emplazaron a no salirse de este marco del diálogo social en el futuro. Según Garamendi, aunque queden “muchos pelos en la gatera”, un pacto “llega mucho más lejos” que algo sin pactar y en los últimos años se ha llegado a importantes acuerdos que dan tranquilidad y estabilidad a la ciudadanía y las empresas. El líder de los empresarios también destacó la negociación colectiva, bipartita entre sindicatos y patronal sin el Gobierno, y que dio lugar recientemente al acuerdo para subir los salarios en los próximos años.

“El diálogo social es una fórmula de compromiso que nos permite avanzar menos de lo que todos queremos o podemos, pero con mucha más firmeza”, añadió por su parte Álvarez.

miércoles, 14 de junio de 2023

Trabajo presiona a Castilla y León para recuperar su organismo de mediación laboral tras el toque de atención de la OIT

El Ministerio de Yolanda Díaz manda un segundo requerimiento, previo a la acción judicial, que advierte al Gobierno del PP y Vox de que el limitado presupuesto asignado al Serla no cumple con la legislación



Segundo aviso de Trabajo al Gobierno del PP y Vox en Castilla y León por desmantelar su organismo de mediación laboral. El Ministerio de Yolanda Díaz envió este lunes un segundo requerimiento, previo a la acción judicial, frente a la Junta de Castilla y León por “la falta de ejecución debida de la legislación” respecto a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla), explican a este medio desde la cartera de Díaz. El limitado presupuesto asignado al organismo es insuficiente, insiste Trabajo, que amenaza con llevar al Ejecutivo regional ante la justicia.


La acción del Ministerio, que ya se preparaba desde el mes pasado, se ha materializado después de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertara del “preocupante deterioro del diálogo social” en Castilla y León. El director general del organismo de Naciones Unidas, Gilbert F. Houngbo, mandó una carta a la vicepresidenta segunda en la que le animó a seguir “tomando las medidas” que estén a su alcance para “la restitución del diálogo social tripartito y sus instituciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León”.

El Serla, organismo de mediación y arbitraje regional que trabaja para evitar que se judicialicen muchos conflictos laborales, está pendiente de un hilo desde que a comienzos de este año, en enero, Vox anunciara la disolución de la Fundación por una “falta de financiación” autoimpuesta. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo, en manos de la extrema derecha en el Gobierno regional, no asignó presupuesto a esta entidad, dentro de su postura de recortes al diálogo social.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, comunicó un primer requerimiento a la Junta en marzo, que aunque el Ejecutivo regional minusvaloró e inadmitió, fue seguido de una asignación presupuestaria. En abril, la Junta de Castilla y León acordó destinar 400.000 euros a la Fundación Serla, pero la dotación pactada era muy inferior a la previa: un 60% menos que en años anteriores.

El presupuesto “no garantiza” el servicio

Trabajo valora ahora las medidas implementadas por el Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco y advierte de que los 400.000 euros, “en la práctica”, “condicionan el ámbito material de actuación de dicha fundación”. Es decir, que la escasa financiación tiene repercusiones en las actividades que puede llevar a cabo el organismo, limitándolas.

El Ministerio afirma que se contempla la continuidad de la Fundación Serla, “pero sin posibilidad de que desarrolle su actividad en cuanto a los conflictos individuales, lo que impide dar un cumplimiento conforme al acuerdo de los agentes sociales o alternativo”. Además, valora que la solución acordada por el Gobierno regional “contraviene la capacidad de mediación ofrecida a las partes negociadoras de los convenios colectivos”.

“La alternativa adoptada por la Junta de Castilla y León arremete contra un sistema consolidado hasta ahora y, además, se desentiende completamente de la adecuada prestación de los servicios que se debe realizar en términos específicos”, considera Trabajo.

“Contraria” a la ley

Por todo ello, el Ministerio de Yolanda Díaz concluye que “la inactivación total de la Fundación Serla es contraria a la distribución constitucional de competencias en materia laboral” y que “en ningún caso puede considerarse que la alternativa adoptada por la Junta de Castilla y León resulte respetuosa con la normativa laboral y las competencias estatales”.

En este segundo requerimiento, Trabajo exige al Gobierno regional que “devuelva los medios con los que contaba” el organismo para hacer su labor conforme al acuerdo de los agentes sociales, explican desde la cartera de Díaz.

martes, 9 de mayo de 2023

Para que algunos se queden con lo de todos, tienen que votarlos casi todos

 Benjamín Prado

8 de mayo de 2023 21:26h Actualizado el 09/05/2023 06:00h

Los intereses creados, se llama una obra teatral de Jacinto Benavente, y podríamos usar ese título para resumir la fuente de muchos de nuestros problemas, esos conflictos que estallan al confluir la política y los negocios cuando se produce una intrusión de lo privado en lo público y se antepone la ganancia personal al bien común, algo que es el pan nuestro de cada día. El modelo se repite: ahondas un poco en el origen de muchas disputas y siempre llegas a la palabra dinero y a alguien que lo quiere a manos llenas. Por ejemplo, se enciende el debate sobre Doñana y al poco sabemos que un dirigente de la patronal agraria que defiende la ley del PP que amenaza con convertir ese parque natural en un desierto fue sancionado por llevar a cabo riegos ilegales y recibió varias sanciones de la Confederación del Guadalquivir. Hoy da lecciones supuestamente ideológicas, pero para ese tipo de gente las banderas no son más que una tela bajo la que ocultar los trapos sucios.

En la discusión sobre las macrogranjas, ahora un poco soslayada y fuera de los titulares, no hay ninguna colisión de teorías agrarias o clase alguna de discrepancia moral, sólo un proceso de especulación en el que no importa otra cosa que la cuenta de resultados y da igual si los animales sufren más de lo debido, si tienen derecho a una existencia digna, ni si la calidad del género que sale de esos lugares es buena o mala, ni el daño ecológico que puedan causar: nada, sólo son relevantes los billetes que entren en la caja fuerte. Eso son los intereses creados.

En la lucha entre los sindicatos y la patronal por subir un poco los sueldos, el ahorro que puedan hacer los empresarios no es que vaya a mejorar su productividad, es que acaba en su bolsillo: su jefe, Garamendi, ya se ha subido el sueldo un 9% y ahora cobra casi 400.000€. ¿Le afectará a él la cláusula que vincula los incrementos pactados a la inflación? En cualquier caso, todo eso también son intereses creados, cada cual defiende los suyos, como es lógico, pero la democracia consiste en que esa defensa tenga sus límites, dado que su esencia es perseguir la justicia y la igualdad.

¿Seguimos? En la batalla contra la Sanidad y la Educación públicas, los defensores de las privatizaciones buscan lo mismo: ceros a la derecha para unos pocos y pérdida de derechos para el resto. Y las cuentas les salen: los ingresos por seguros médicos crecieron un siete por ciento en 2022, por el aumento de la clientela y el encarecimiento de las pólizas, hasta alcanzar los diez mil quinientos cuarenta millones de ingresos, y la educación concertada recibe siete mil doscientos millones de euros porque los fondos dedicados por la Administración para ese sector crecieron un veintiséis por ciento entre 2011 y 2021, casi diez puntos más que los destinados a las escuelas y colegios públicos. La cifra habla por sí sola.

Estamos a las puertas de unas elecciones. Los sondeos dicen que la izquierda ganará en la Comunidad Valenciana y la derecha arrasará en la madrileña. Que sea lo que el conjunto de la ciudadanía quiera, todos los votos son legítimos, la libertad de elección es sagrada aunque sea por lo civil y el resultado se tiene que y se debe de respetar. Pero, eso sí, lo recomendable sería pensar en esto de lo que hemos estado charlando por escrito hasta estos momentos, los intereses, y preguntarse quiénes piensan en los colectivos y quiénes lo hacen en los propios. Porque ya sabemos que las promesas se las lleva el viento y que en esta agua revuelta de nuestra política lo más normal es que los líderes de cada partido se bañan dos veces en el mismo río: lo que hicieron y hacen lo volverán a hacer. Para que algunos se queden con lo de todos, tienen que votarlos casi todos. Esa es la paradoja.