Te guste o no, todo lo que está sucediendo en este momento es producto de las decisiones que has tomado. Deepak Chopra.
lunes, 8 de agosto de 2016
domingo, 7 de agosto de 2016
Miniserie “Marx ha vuelto”
Miniserie “Marx ha vuelto”
Esta miniserie divulgativa de IPS
(Instituto del Pensamiento Socialista) ofrece en un formato de ficción
ameno y actual las ideas principales del trabajo
del intelectual prusiano.
Se extiende la precariedad en el empleo y en el desempleo
Se extiende la precariedad en el empleo y en el desempleo
UGT | martes, 2 de agosto de 2016
Los datos
de paro publicados hoy, correspondientes al mes de julio, muestran una
disminución de 83.993 parados respecto al mes de junio, situando el
número total de desempleados en 3.683.061. Para UGT, estos datos
reflejan la estacionalidad en el desempleo, marcado claramente por la
temporalidad y la precariedad, ya que nueve de cada diez contratos son
temporales y cuatro de cada diez indefinidos son a tiempo parcial. El
sindicato considera imprescindible derogar las reformas laborales de
2010 y 2012 y apostar por un plan de choque dirigido a generar empleos
de calidad, a reducir el desempleo de larga duración, a acabar con la
precariedad y parcialidad involuntaria y a incrementar la protección a
los desempleados.
El Servicio Público de Empleo Estatal ha
publicado hoy los datos correspondientes al paro registrado en el mes de
julio de 2016, que se ha situado en 3.683.061 personas, es decir,
83.993 parados registrados menos que en el mes de junio y 363.215 menos
que en julio de 2015, lo que supone una reducción mensual de 2,2% y una
reducción interanual de 9,0%. En términos desestacionalizados, el paro
se ha reducido en 48.573 personas.
Por sexos, el desempleo
masculino ha bajado en un 2,94% en el mes y el desempleo femenino ha
bajado en un 1,67%, lo que deja en 1.616.721 hombres y 2.066.340 mujeres
el paro registrado.
Por tramos de edad, el desempleo se reduce
entre los menores de 25 años en 12.881 personas, un 4,29% menos que en
junio, mientras baja en 71.112 el paro de 25 años y más, un 2,05%.
Por
sectores, el desempleo ha bajado en 51.275 personas en los servicios,
seguido de construcción, con 10.220 desempleados menos, industria, con
10.049 personas desempleadas menos.
La Comunidad que mayor
reducción presenta es Andalucía, con 23.651 parados menos, seguida de
Galicia, con un descenso de 11.863 personas, y Cataluña, que presenta
una reducción de 9.044 personas.
Respecto a los contratos
formalizados en el mes, han sido en total 1.816.271 contratos, lo que
representa 20.558 más que en julio de 2015, un 1,14%. Los contratos
temporales suponen el 92,44% del total y, de ellos, el 34,91% son a
tiempo parcial. Los contratos indefinidos (88.396 indefinidos iniciales y
48.994 conversiones) son el 7,56%% de los contratos realizados en el
mes. Además, entre los indefinidos el 58,80% son a tiempo completo.
Los
afiliados a la Seguridad Social han aumentado en 84.721, un 0,48%
respecto al mes de junio % y alcanza los 17.844.992 afiliados.
La
cobertura por desempleo en el mes de junio ha alcanzado a 1.955.493
beneficiarios, con un descenso respecto a junio de 2015 del 9,5%. En el
mes de junio de 2015 supuso un 55,72%, es decir, 2.160.397
beneficiarios. El gasto total ha sido de 1.450,7 millones de euros, un
9,8% menos que el mismo mes del año anterior.
La cuantía media de
la prestación durante el mes de junio ha bajado a 780,5 euros, un
descenso de 0,6% respecto a junio de 2015. Es decir, menos cobertura,
menos beneficiarios y menor nivel de prestación.
Conclusiones
La
reducción del desempleo se centra en actividades estacionales, como lo
demuestra la elevada temporalidad y la concentración territorial y
sectorial del descenso en el número de desempleados. Junto a ello, la
contratación a tiempo parcial también refleja la elevada precariedad del
mercado de trabajo.
Esta precariedad quedó también constatada en
los datos de la Encuesta de Población Activa que se conocieron el jueves
pasado: la tasa de temporalidad creció hasta el 25,7% de los
asalariados en el II trimestre y la parcialidad involuntaria alcanza en
ese trimestre al 60,4% de los trabajadores a tiempo parcial.
La
reforma laboral y sus secuelas, así como las políticas de empleo
ineficaces, más basadas en la reducción de costes por la vía de la
devaluación salarial y de las bonificaciones de cotizaciones sociales,
que en la mejora de la empleabilidad de los desempleados, está teniendo
como resultado la extensión de la precariedad y de la desigualdad en el
mercado de trabajo, y el incremento de la pobreza laboral. Y
favoreciendo esta desigualdad y pobreza, se encuentra también la
evolución de la cobertura de la protección por desempleo.
La
recuperación económica debería venir acompañada de políticas dirigidas
al cambio de modelo productivo, que permitan a nuestro país consolidar
un crecimiento estable, favoreciendo un mayor peso del sector
industrial, que se ha demostrado fundamental para superar situaciones de
crisis, y que es además el sector más importante de cara a la
exportación, a la inversión en innovación y a los incrementos de
productividad. Además, es el sector donde se genera más calidad en la
ocupación.
Y es precisa un plan de choque dirigido a generar
empleos de calidad, a reducir el desempleo de larga duración, a acabar
con la precariedad y parcialidad involuntaria y a incrementar la
protección a los desempleados. Para lo cual es necesario apostar por la
modernización de los servicios públicos de empleo, reforzando su papel
de intermediadores y garantizando una atención personalizada de las
personas en situación de desempleo.
Para UGT es fundamental que la
recuperación económica se traslade a las personas, reduciendo la enorme
desigualdad y la pobreza generadas por las políticas de austeridad, lo
que requiere más empleo y de mejor calidad, con condiciones laborales
dignas y con políticas salariales que permitan la recuperación del poder
adquisitivo perdido durante la crisis.
No se puede confiar el
crecimiento en un modelo basado en actividades de bajo valor añadido,
bajas cualificaciones y bajos salarios. Es necesario cambiar el modelo
productivo hacia un modelo que permita un crecimiento sostenido y
estable y unas condiciones laborales y salariales dignas.
Cristina Antoñanzas, Vicesecretaria General de UGTEnviado por:
Jose Eduardo Bocanegra Carreño.
SºACCION SINDICAL ESTATAL UGT CASESA- PAÍS VALENCIÁ.
UGT reclama una auténtica regulación en materia de Justicia Gratuita y revertir los derechos de los ciudadanos en este aspecto
UGT reclama una auténtica regulación en materia de Justicia Gratuita y revertir los derechos de los ciudadanos en este aspecto
UGT | viernes, 29 de julio de 2016
UGT valora que el Tribunal Constitucional haya declarado contrarias a la
Constitución las tasas judiciales que debían abonar las personas
jurídicas en determinados ámbitos jurisdiccionales. El sindicato ya
denunció desde el principio que la Ley de Tasas se configuró como una
barrera al derecho fundamental de los ciudadanos al acceso a la
Justicia, en tiempo de crisis cuando la vulneración de los derechos ha
sido más grave.
La sentencia,
consecuencia de un recurso que interpuso el Partido Socialista, se ha
adoptado por unanimidad de todos los Magistrados, por vulnerar el
derecho a la tutela judicial efectiva.
En
concreto se anulan las cuotas fijas de 200 euros para interponer el
recurso contencioso-administrativo abreviado, la de 350 euros para
interponer el recurso contencioso-administrativo ordinario y la de 800
euros para promover recurso de apelación así como la de 1.200 euros para
los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal en el
orden civil y las tasas para el recurso de suplicación y el de
casación, en cualquiera de sus modalidades.
También
ha sido declarado inconstitucional el artículo 7.2 de la norma (Ley
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en
el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses) que impone una cuota variable cuya
cuantía será la que resulte de aplicar al valor económico del litigio,
el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala: de 0 a
1.000.000 euros, 0,5%; el resto, un tipo porcentual del 0,25; con un
máximo variable de 10.000 euros.
Según
el Tribunal Constitucional, el establecimiento de tasas para el
ejercicio de acciones judiciales en los órdenes civil,
contencioso-administrativo y social no vulnera, en sí mismo, el derecho
fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, no incumple
el mandato de sometimiento de la Administración al control judicial ni
tampoco el principio de gratuidad de la Justicia, pero en su
determinación han sido excesivas y desproporcionadas.
En
cuanto a las tasas exigidas para la interposición de recursos, y por lo
tanto, para reclamar en segunda instancia, el Tribunal Constitucional
se limita a señalar que es legítimo fijarlas en cuantías superiores a
las de la primera instancia y que su recaudación no es suficiente para
cubrir los costes generados por la segunda instancia.
UGT
ya había pedido la desaparición de las Tasas Judiciales en el orden
social y en otros órdenes jurisdiccionales, como por ejemplo en el
civil, en relación con los procedimientos relativo a la vivienda, así
como en el ámbito concursal en relación con los créditos de los
trabajadores. El sindicato denunció desde el principio que la Ley de
Tasas se había configurado como una barrera al derecho fundamental de
los ciudadanos al acceso a la Justicia en tiempo de crisis, cuando la
vulneración de los derechos ha sido más grave y viene pidiendo la
eliminación de las tasas judiciales, desde su aprobación en el año 2012,
cuando se integró en la plataforma: “justicia para todos”.
UGT reclama una auténtica regulación en materia de Justicia Gratuita, y revertir los derechos de los ciudadanos en este aspecto.
Enviado por :
Jose Eduardo Bocanegra Carreño.
SºACCION SINDICAL ESTATAL UGT CASESA-PAIS VALENCIÁ
DOSSIER DE PRENSA: MÁS DE 40 AÑOS AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD LABORAL
Jose Eduardo Bocanegra Carreño.
SºACCION SINDICAL ESTATAL UGT CASESA-PAIS VALENCIÁ
¿Qué hay detrás del “caso Echenique”?
Vivimos en una sociedad hipócrita, que se lanza a defender súbitamente unos derechos laborales cuyo ejercicio, por otra parte y en la práctica, se está negando por acción u omisión a todo un colectivo de personas como son las que realizan un trabajo en el ámbito doméstico, un trabajo fundamentalmente feminizado y realizado por población migrante.
Hace poco más de una semana el foco
mediático se asentaba sobre una figura bastante desconocida y a la cual
no suele dedicarse demasiada atención. El Secretario de Organización de
Podemos, Pablo Echenique, como muchas personas dependientes que precisan
ayuda para realizar las tareas de la vida cotidiana, había contado
durante un tiempo con los servicios de un asistente personal durante una
hora al día. El “escándalo” surgió al conocerse que, por un lado, los
servicios se habían prestado sin mediar contrato entre ambas partes y,
por otro, que durante algunos meses no se habían ingresado las
correspondientes cotizaciones a la seguridad social.
Algunas opiniones se han expresado en el
sentido de señalar que ambas partes, empleador y empleado, deberían
haber firmado un contrato laboral, recayendo por tanto la obligación de
cotizar sobre el empleador (la cotización del empleado en estos casos es
muy pequeña). No obstante, Pablo Echenique, en las explicaciones que ofreció inicialmente,
manifestó que su asistente personal estaba dado de alta como trabajador
por cuenta propia y, por tanto, pagaba sus propias cotizaciones al
régimen de trabajadores autónomos.
Más que juzgar la conducta de Echenique,
y a pesar de que sus explicaciones parecen confusas y poco
convincentes, a través de las siguientes líneas me gustaría trasladar al
lector o lectora la idea de que al acercarnos al trabajo doméstico y la
asistencia a personas dependientes nos encontramos ante todo con una
realidad compleja cuyo análisis debe ser abordado teniendo en cuenta el
marco en el cual se desarrollan estas actividades.
La asistencia a personas dependientes y el trabajo en el hogar como terreno propicio a la informalidad
Como punto de partida debemos tener en cuenta que cuando hablamos del trabajo que se realiza en el ámbito doméstico hablamos de trabajo infravalorado, precario y escasamente regulado, ya sea éste realizado por personas que atienden a dependientes o realizan tareas domésticas en general.
La figura del asistente personal no
aparece como tal contemplada en la legislación, sino que se engloba
dentro de la regulación de los empleados del hogar. No obstante, la
puesta en marcha de la Ley de Dependencia supuso un hito importante dentro de la atención específica a personas dependientes.
Esta Ley, sin embargo, además de no contar con unos medios adecuados de financiación, ha sufrido importantes impactos
como consecuencia de la aplicación de los planes de ajuste de la pasada
legislatura, mostrando una vez más que para los gobiernos garantizar la
igualdad y la atención a aquellas personas que de una u otra manera
pueden sufrir algún tipo de exclusión es algo secundario que se deja al
albur de la coyuntura económica.
Así sin ir más lejos, en el marco de los
recortes, el gobierno del Partido Popular eliminó la cotización a la
seguridad social que realizaba el Estado en nombre de las personas que asumían las tareas de cuidados en el hogar, principalmente mujeres.
Es decir, considerando que, en una parte importante de los casos, las
referidas tareas de cuidados eran asumidas por familiares sin ningún
tipo de contraprestación, la Ley, además de establecer una serie de
ayudas a la dependencia, había determinado la obligación de que el
estado cotizara a la seguridad social por dichas personas cuidadoras.
Esta obligación fue, sin embargo, posteriormente suprimida.
Hechas estas primeras consideraciones,
hay que señalar que la casuística que nos podemos encontrar dentro del
sector del trabajo doméstico y la asistencia es de lo más variada,
dándonos una idea de la complejidad de este tipo de relaciones o
prestaciones de servicios:
1) La cuestión de las retribuciones y los salarios resulta,
desde luego, fundamental. Las obligaciones que establece la ley a veces
son difíciles de asumir tanto por la parte empleadora como por la de la
persona que presta sus servicios.
Así, en el ámbito de la discapacidad,
debe quedarnos claro que hay muchas personas en situación de dependencia
que no han tenido oportunidad de cursar estudios y mucho menos de
trabajar, cobrando pensiones no contributivas de bajo importe. Los
gastos a los que hay que hacer frente, en tanto mayor sea el grado de
dependencia, son elevados y difícilmente asumibles, incluso en aquellos
casos que afectan a personas que cuentan con recursos.
En el otro lado, las personas que
prestan servicios en el hogar familiar se ven determinados en muchas
ocasiones por la precariedad de sus salarios. Así, en la práctica no nos
será difícil encontrar situaciones en las cuales la persona empleada ha
preferido no formalizar la relación laboral debido a que esto implica
dejar de percibir otras prestaciones o puede suponer una merma de sus
ingresos por otros motivos.
Evidentemente pueden darse situaciones
de abuso tanto por una parte como por la otra que no defendemos, pero al
mismo tiempo hay que reconocer que nos encontrarnos en un círculo
vicioso que favorece el desarrollo de la economía sumergida.
2) Los incentivos para cotizar,
por otra parte, no son desde luego muy potentes. Las cantidades y los
periodos de cotización con frecuencia no suelen ser suficientes para
generar derecho a pensión, y podemos encontrar también fácilmente casos
de personas que han desarrollado toda su labor profesional en el
servicio doméstico y se encuentran con una pensión al concluir su
período activo que apenas les permite cubrir sus necesidades básicas.
3) Finalmente, debemos tener en cuenta que en este tipo de trabajos se establecen relaciones de confianza que
van más allá de la propia prestación de servicios. Son tareas muy
delicadas, no es fácil encontrar a personas que tengan la formación y
capacitación para llevarlas a cabo, y esta circunstancia puede llevar a
las partes a adoptar cierta “flexibilidad”.
Esta es la realidad, aunque a algunas
personas les parezca escandalosa. Y ésta es la lamentable situación en
la que viven y trabajan muchas personas. Una situación que tristemente
no ha despertado interés hasta que no se ha visto implicado un personaje
público.
Hipocresía y toque de atención
Vivimos en una sociedad hipócrita, que
se lanza a defender súbitamente unos derechos laborales cuyo ejercicio,
por otra parte y en la práctica, se está negando por acción u omisión a
todo un colectivo de personas como son las que realizan un trabajo en el
ámbito doméstico, un trabajo fundamentalmente feminizado y realizado por población migrante. Eso por no hablar del derecho de las personas con discapacidad a llevar una vida digna e independiente, tema del cual apenas se ha hablado y no ha generado el mismo interés en artículos, debates y tertulias.
Por otro lado, y en lo que respecta a la
polémica generada en torno a Pablo Echenique, al margen de que éste
deba asumir la responsabilidad que proceda, pensamos que estos hechos
deberían hacernos reflexionar acerca de la pobre contribución que se ha
realizado por parte de las personas con más presencia pública y
mediática de cara a que la ciudadanía conozca esta problemática, y en
beneficio de la valoración y visibilización del trabajo doméstico y de
cuidados. Al margen de gestos simbólicos y de alguna que otra excepción
puntual, el sólido trabajo de movimientos y colectivos en la denuncia de
la situación no se ha visto reflejado convenientemente en agendas
mediáticas y políticas a lo largo de este período en el cual parecía
haberse abierto una ventana de oportunidad para abrir brechas el
discurso dominante.
En este sentido, muchas personas
quisimos ver en Podemos (y no solamente en Podemos) una herramienta y un
altavoz para incluir en el debate público cuestiones como la economía de los cuidados, el feminismo, el ecologismo, y poner de manifiesto que existen modelos de convivir y generar riqueza alternativos que ponen el foco en las necesidades de las personas.
La forma en que se ha desarrollado el “escándalo Echenique” parece
mostrar que seguimos actuando a la defensiva en lugar de llevar la
iniciativa, y que hasta ahora han pesado más los fríos cálculos
electorales y mantener una posición que no levante sospechas que la
determinación a la hora de denunciar injusticias y plantear
alternativas.
Esperemos que el nuevo ciclo que se abre
ante nosotras suponga un cambio que de vida al movimiento y nos haga
recuperar la ilusión.
Fuente : http://iniciativadebate.org/2016/08/07/que-hay-detras-del-caso-echenique/
Fuente : http://iniciativadebate.org/2016/08/07/que-hay-detras-del-caso-echenique/
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