sábado, 27 de agosto de 2016

La huelga de vigilantes de Cultura y Turismo arranca con escaso seguimiento


La huelga de vigilantes de Cultura y Turismo arranca con escaso seguimiento  

25/08/2016 - 11:56 Agencia EFE
 
Antecedentes de la historia:
 
 
 
Resultado de la convocatoria: 


La huelga indefinida a la que están convocados desde hoy los noventa vigilantes de seguridad de los centros dependientes de la Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid ha arrancado con un escaso seguimiento.
 
El secretario general del Sindicato Libre de Seguridad (SLS), Rafael Saldaña, ha informado a Efe de que alrededor del 20 % de los vigilantes se han sumado a la huelga.
 
Por su parte, fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia han señalado que sólo tres de los noventa trabajadores han comunicado a la empresa Sinergias de Seguridad y Vigilancia que no acudirán hoy a trabajar.

El sindicato convocante -mayoritario en el sector- acusa al nuevo adjudicatario del servicio de "no respetar el convenio estatal" y de haber aplicado "rebajas de 400 euros en unos salarios de 1.100 euros" a los trabajadores subrogados.

Además, ha calificado de "abusivos" los servicios mínimos fijados para la huelga, de casi el 90 %.

Previamente, la adjudicataria de este servicio era la empresa Magasegur, que renunció a los contratos que tenía en vigor con la Comunidad de Madrid poco después de entrar en concurso de acreedores por la ejecución de embargos administrativos por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

A continuación, el Gobierno regional tramitó un "contrato de emergencia" de tres meses, desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, que se adjudicó a la empresa Sasegur para las dependencias de cultura, turismo y empleo y a Bilbo para las de educación, que son todas las que tenía a su cargo Magasegur.

A partir de julio, se convocó un nuevo concurso que, en el caso de los centros dependientes de la Oficina de Cultura y Turismo, ganó Sinergias de Seguridad y Vigilancia, cuyo contrato está vigente hasta el 31 de diciembre.

A partir de esa fecha, el Gobierno regional tenía previsto centralizar los servicios privados de seguridad y vigilancia de todas las consejerías con un nuevo contrato, una idea que finalmente ha sido descartada.

Desde la Consejería de Presidencia y Justicia han anunciado a Efe que para el pliego del nuevo concurso, que saldrá el 1 de enero, se están revisando los criterios de adjudicación para reducir el factor precio y que la oferta económica no sea determinante.

Además, han explicado que se adjudicó el contrato a Sinergias de Seguridad y Vigilancia al obtener la mejor puntuación.

Al respecto, han informado de que no sumó los 20 puntos de cumplimiento de convenio estatal, ya que tiene convenio propio de empresa, pero en la parte económica su oferta fue la más barata.

"No se puede excluir de la licitación a las empresas por tener convenio propio. Hasta la fecha, Sinergias de Seguridad y Vigilancia está cumpliendo el contrato de forma correcta", han añadido las mismas fuentes.

Los vigilantes convocados a la huelga están presentes en lugares como la Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina, la Casa Museo Lope de Vega o el Museo Casa Natal de Cervantes, en Alcalá de Henares.
 
PUES ESO...
 
Fuente: http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20160825/huelga-vigilantes-cultura-turismo-3468884.html

jueves, 25 de agosto de 2016

La delgada línea que separa la externalización y la precariedad

La delgada línea que separa la externalización y la precariedad

 


Limpiadora de hotel haciendo una cama. EL MUNDOMUNDO

 El 90% de las empresas con un volumen de facturación superior a los 12 millones recurre a empresas multiservicios



Las empresas multiservicio se han puesto muy de moda en los últimos años. Un 90% de las compañías con un volumen de facturación superior a los 12 millones de euros recurre a ellas para que les proporcionen servicios de seguridad, limpieza, mensajería, jardinería, transporte, logística, marketing, etc.

Pero mientras las grandes corporaciones aseguran que esto les permite ser más eficaces en la gestión y ahorrar costes, los sindicatos sostienen que estas externalizaciones vienen acompañadas de rebajas salariales y de un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores.

Como sucede, por ejemplo, con las llamadas 'Kellys' -las camareras de piso que trabajan en los hoteles-. Las contratadas a través de empresas multiservicio cobran hasta un 40% menos de lo estipulado en el convenio provincial o del sector, según denuncia UGT. Es decir, 685 euros frente a 1.169.

En su informe 'Empresas multiservicios, o cómo precarizar el empleo', el sindicato que lidera Pepe Álvarez,(UGT) subraya que "la subcontratación a través de las empresas de servicios permite pagar un salario mucho más bajo que el que le correspondería a un trabajador de la empresa y, además, sin ningún tipo de sujeción al convenio correspondiente a esa compañía".

Razones del 'boom'

Éste es precisamente otro de los problemas de las empresas multiservicios. Como se dedican a varias actividades, no está claro qué convenio colectivo de sector se debería aplicar. Además, la reforma laboral de 2012 otorga prioridad al convenio de la empresa por encima de los sectoriales. Por tanto, si la empresa de servicios tiene un convenio propio se aplicaría éste, y normalmente tienen condiciones inferiores al convenio del sector.

Pero, ¿por qué se ha producido este 'boom'? Desde UGT explican que las empresas multiservicios se han aprovechado del declive que han sufrido las empresas de trabajo temporal en los últimos años tras la regulación del sector. "La contratación a través de ETT ha dejado de ser rentable cuando las empresas cliente se han visto obligadas a pagar a los trabajadores cedidos los mismos salarios que estaban pagando a sus propios empleados, como consecuencia de la equiparación salarial que introdujo la regulación de las ETT".

Así, estas empresas de servicios, que pertenecen generalmente a grandes compañías constructoras, de seguridad privada y entidades especializadas en gestión de recursos humanos, han sabido aprovechar el vacío legal que existe todavía respecto a su actividad y viven una edad dorada. No sólo las grandes empresas recurren a ellas, también lo hacen el 70% de las corporaciones con ingresos por encima de los tres millones y las administraciones públicas, donde el grado de externalización es también muy elevado.
Cruzada sindical

Los sindicatos han lanzado una cruzada contra las empresas multiservicios, al considerar que precarizan las condiciones laborales de los trabajadores.Y han impugnado convenios de empresas que habían pactado condiciones inferiores -tanto en salarios como en derechos- a las del convenio sectorial de referencia o que incluían cláusulas abusivas e ilegales.
Además, tanto CCOO como UGT han establecido como línea general en la negociación colectiva pactar siempre la aplicación del convenio del sector salvo que la regulación de la propia empresa sea más beneficiosa, y no promover la creación de nuevos convenios colectivos en empresas multiservicios en tanto no se reforme el marco legal y convencional.

Los sindicatos denuncian que la proliferación de empresas multiservicios está provocando el incremento de la competencia desleal entre las empresas del sector, la implantación de una doble escala salarial, la reducción de las plantillas oficiales y que se multipliquen los casos de cesión ilegal de trabajadores, es decir, cuando una empresa que no es una ETT pone a disposición de otra un trabajador, limitándose a cederlo.


La hostelería, el sector más afectado 
 
Aunque las externalizaciones afectan a todos los sectores, la hostelería es uno de los más afectados. Si a finales de 2014 un 30% de los 260.000 empleados que trabajan en los hoteles españoles estaban externalizados, se prevé que este porcentaje se duplique en cinco años, con un incremento medio anual de entre el 10% y el 15%. Conscientes de que se trata de un fenómeno en aumento, el secretario general de CCOO del área de Servicios, José María Martínez, advertía en el boletín de la organización del pasado mes de junio, de la precaria situación laboral de las camareras de piso en un momento en que España está batiendo récords de ocupación. «Es ilegal pagar por habitación hecha un sueldo medio de dos euros», denunciaba indignado. La mayoría de establecimientos hoteleros recurren a empresas multiservicios para las tareas de limpieza y mantenimiento y éstas no aplican los convenios de hostelería sino los suyos propios, con peores condiciones laborales y salariales. Así, según denuncia CCOO, estas trabajadoras pierden «un 40% de salario, trabajan a destajo, pierden el derecho a continuar trabajando en caso de cambio de empresa subcontratada, se incrementan de forma notable los accidentes laborales tanto físicos como psicosociales y se pierden complementos de nocturnidad, días festivos, así como otros derechos». Desde el sector se defienden asegurando que se trata de una práctica habitual en otros países, que permite ahorrar costes y ganar en eficiencia y niegan, por el contrario, que se precaricen las condiciones laborales.
 
Fuente: http://www.elmundo.es/economia/2016/08/25/57b606c9e2704ed82a8b45f5.html
 
 

Madrid cambiará baremos de adjudicación para evitar empresas de seguridad 'piratas'

La Consejería de Presidencia dará menos valor al factor precio en favor de otros criterios como el de que las mercantiles cumplan los salarios acordados en el convenio colectivo


Foto: Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y de Seguridad Integral Canaria y otras empresas del sector que se descuelgan del convenio colectivo. (EFE) 
 Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y de Seguridad Integral Canaria y otras 
empresas del sector que se descuelgan del convenio colectivo. (EFE)



El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, revisará los baremos para la adjudicación de contratos de seguridad de sus edificios después de que decenas de vigilantes anunciaran para hoy una huelga, por la concesión de uno de los servicios a la empresa Sinergias, que ha bajado el sueldo de los trabajadores casi en un 40%.

La mercantil ganó el concurso después de la quiebra de la compañía Magasegur -que tenía adjudicado el servicio y que, al igual que Sinergias, también pagaba por debajo del convenio colectivo-, que forzó a la Comunidad de Madrid a sacar uno nuevo, que por la vía de urgencia se entregó a la sociedad Sasegur, aunque únicamente para los meses de abril a junio. En julio, Sinergias ganó la nueva adjudicación -que dura hasta el próximo 31 de diciembre- debido a que el precio que ofrecía para realizar el servicio era el más bajo de las tres ofertas que se presentaban.
En concreto, Sinergias se hizo con el trabajo en un momento en el que Presidencia concedía 60 puntos sobre 100 al criterio del precio. El departamento dirigido por Garrido ya había reducido el peso del elemento precio, que antes de esa adjudicación estaba en 70 puntos sobre 100 (para la contratación de Magasegur, por ejemplo). Sin embargo, con 60 le bastó a Sinergias para ganar el concurso.

Cristina Cifuentes y su mano derecha Ángel Garrido 
Cristina Cifuentes y su mano derecha Ángel Garrido

Ahora desde la Consejería explican que van a bajar aún más este peso del precio precisamente para que empresas que se descuelgan del convenio tengan menos posibilidades de ganar los concursos que se saquen de aquí en adelante. No se modificará, sin embargo, el que ya se concedió a Sinergias, por el que los vigilantes de seguridad están haciendo hoy una huelga que está teniendo lugar en los edificios de cultura y turismo que controla Presidencia. Será solo a partir del 1 de enero, cuando se adjudique el nuevo servicio de estos inmuebles, cuando se incluyan ya los nuevos baremos de contratación. La Consejería, de hecho, trabaja ya en un nuevo pliego para este servicio.

Aunque se reduzca el peso del precio que ofrece la mercantil, lo cierto es que éste factor debe seguir siendo el más determinante para adjudicar un servicio de estas características, ya que de lo contrario podría llamar la atención el Tribunal de Contratación Pública o la propia Intervención. Según fuentes de la Comunidad de Madrid, la Consejería prevé que factores como que las empresas se ajusten al convenio o que tengan planes de formación para los empleados pesen más que hasta ahora. En el momento de la adjudicación a Sinergias, estos dos últimos conceptos suponían 20 puntos sobre 100 cada uno.

Los vigilantes han visto reducir su sueldo un 40% de la noche a la mañana; de 1.100 a algo más de 700 euros al mes.


La contratación de Sinergias por parte de Presidencia conllevó una reducción de salario de casi el 40% para los profesionales de la seguridad que vigilan los edificios afectados. En concreto, éstos vieron reducir su sueldo de 1.100 a algo más de 700 euros al mes, lo que provocó las protestas de estos trabajadores, que para más inri hasta ayer por la noche no conocieron los servicios mínimos acordados por la Delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid para la huelga.

Según el Sindicato Libre de Seguridad (SLS), que es el que ha convocado la huelga, las autoridades han situado los servicios mínimos en un 90%, dado que muchos edificios tan solo tienen un vigilante, lo que a juicio de la organización provoca que sea difícil averiguar el seguimiento. En relación a la previsión de revisar el peso del factor precio en la contratación, el SLS se muestra escéptico. "Si la Comunidad de Madrid quiere modificar los criterios de adjudicación y no priorizar el subasteo, lo celebramos, pero desconfiamos, ya que tuvieron su oportunidad en el último concurso y no lo hicieron", aseguran.

"Esta es una de las cuestiones que venimos reivindicando desde hace tiempo; la urgencia ahora es que los trabajadores recuperen el 40% de su salario anterior y que Sinergias se niega a respetarles", añaden desde el sindicato, que también se muestra preocupado por la "imposibilidad de que la CAM agrupe en un macroconcurso la contratación de seguridad privada". "Así se abre la posibilidad de prorroga para la empresa Sinergias", apuntan.




Vigilante de seguridad privada en el Metro de Madrid (EFE)
La reducción de los salarios de los vigilantes de golpe y porrazo es algo habitual en el sector. La empresa que se hace con un servicio contrata a todos los trabajadores que ya estaban realizando esa tarea y, si tiene un convenio propio que se descuelga del colectivo, automáticamente se lo aplica y les baja el sueldo a los empleados, que cambian de uniforme, de material y de ingresos de la noche a la mañana. Los sindicatos han denunciado a estas empresas, a las que califican de 'piratas', pero la reforma laboral les permite presentarse a los concursos.
 Durante los últimos meses, varias compañías de seguridad contra las que han protestado también algunos sindicatos han sufrido el azote de los tribunales, aunque por otros motivos. Alcor, Esabe o Seguridad Integral Canaria se han vistoafectadas por procesos judiciales que ponían el foco en la propia compañía o en el proceder de sus directivos.

En no pocas ocasiones, estas mercantiles incluso son contratadas por la administración público, como son los casos de las mencionadas Magasegur o Sinergias, que también presta servicio en las instalaciones del Boletín Oficial del Estado, dependientes del Ministerio de Presidencia del Gobierno de España.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/2016-08-25/la-comunidad-de-madrid-revisara-los-criterios_1251086/

Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados.

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Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados.Abrir el documento: Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados.PDF112 Kb23/02/2016
(BOE núm. 21, de 24 de enero de 2008)

Última actualización: 23/02/2016
La Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, se configura como el marco básico para establecer, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución, una política integral de emigración y de retorno que salvaguarde los derechos económicos y sociales de los ciudadanos españoles que residen en el exterior y para facilitar la integración social y laboral de los retornados.
El capítulo II del Título I de la Ley recoge derechos sociales y prestaciones, entre los que además del derecho a la protección de la salud, se introduce la prestación por razón de necesidad como un nuevo concepto que engloba la prestación económica por ancianidad, la prestación económica por incapacidad y la asistencia sanitaria.
El Estatuto de la ciudadanía española en el exterior supera el concepto tradicional de emigrante contemplado en la Ley 33/1971, de 21 de julio, de Emigración, que vinculaba la acción protectora a la existencia de una relación de trabajo o actividad lucrativa, e indirectamente, a los familiares a su cargo.
Esta nueva dimensión de los beneficiarios se plasma en este real decreto, que equipara a los cónyuges o parejas de hecho de los emigrantes al mismo nivel de protección, no quedando supeditadas a la mera condición de familiares. De esta forma, se corrige la situación de desigualdad existente hasta ahora y se garantiza el disfrute pleno de sus derechos.
El presente real decreto tiene por finalidad establecer un mecanismo de protección que garantice el derecho a percibir una prestación a los españoles residentes en el exterior que habiéndose trasladado al exterior por razones laborales, económicas o cualesquiera otras y habiendo cumplido 65 años de edad o estando incapacitados para el trabajo, se encuentren en una situación de necesidad por carecer de recursos suficientes para cubrir sus necesidades. El importe de esta prestación vendrá determinado para cada uno de los países de forma objetiva, tomando como referencia la realidad socioeconómica del país de residencia.
El objetivo último que persigue este real decreto es configurar un sistema de protección por razón de necesidad para los beneficiarios que incluya, además de la prestación económica por ancianidad o incapacidad, la protección sanitaria.
La inclusión de la incapacidad dentro de la prestación por razón de necesidad otorga a esta prestación la consideración de derecho subjetivo, superando el concepto de ayuda asistencial que tenía hasta el momento.
Con el fin de clarificar y homogeneizar la determinación y el reconocimiento del derecho a la prestación económica, se unifican los requisitos exigidos para acceder a la prestación por razón de necesidad en sus dos modalidades.
El real decreto recoge de forma expresa los criterios a tener en cuenta para el cómputo de las rentas o ingresos imputables al solicitante, ampliando el concepto de unidad familiar y delimitando claramente los supuestos de extinción del derecho a la prestación por razón de necesidad, como mecanismos para evitar o limitar las posibilidades de fraude.
Por lo que se refiere a la prestación por incapacidad, se define la situación de incapacidad absoluta para todo trabajo, y se regula el procedimiento para su valoración y revisión.
En materia de asistencia sanitaria, se articula el procedimiento para garantizar la cobertura de la prestación a los beneficiarios residentes en el exterior y, con el fin de mejorar la calidad del servicio prestado, se contempla la necesidad de evaluación de la protección que se dispensa por parte de las entidades que prestan la cobertura de asistencia sanitaria.
Por último, se recoge la pensión asistencial por ancianidad para los españoles de origen que retornen a España, y se reconoce su derecho a la asistencia sanitaria siempre que no lo tuviesen por otro título, derecho que se extiende a los pensionistas españoles de origen residentes en el exterior en sus desplazamientos temporales a nuestro país. De igual forma, se incluye en el texto normativo la asistencia sanitaria para los trabajadores por cuenta ajena españoles de origen residentes en el exterior que se desplacen temporalmente a España y a los familiares a su cargo.
Hay que resaltar que esta ampliación de la cobertura de la asistencia sanitaria supone una mejora considerable para los distintos colectivos, que hasta el momento debían costear total o parcialmente la prestación.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de enero de 2008.
D I S P O N G O :


CAPÍTULO I Prestación por razón de necesidad


CAPÍTULO II Prestación por incapacidad


CAPÍTULO III Asistencia sanitaria


CAPÍTULO IV Prestaciones para españoles de origen retornados



Enviado por:


José Eduardo Bocanegra Carreño.
Sección sindical estatal

Secretario de Acción Sindical UGT CASESA

La precarización del trabajo femenino produce un incremento de los accidentes in itínere entre las mujeres

La precarización del trabajo femenino produce un incremento de los accidentes in itínere entre las mujeres


UGT | viernes, 19 de agosto de 2016


La Secretaria Ejecutiva Confederal de UGT, Isabel Araque ha explicado hoy que el hecho de que haya más accidentes laborales in itínere entre las mujeres se debe, fundamentalmente a la elevada precarización del trabajo femenino.

Isabel Araque ha manifestado que la reforma laboral y el mal uso que se hace de la contratación "han provocado un incremento del número de desplazamientos que las mujeres realizan durante la jornada laboral. De hecho, muchas de ellas, con contratos a tiempo parcial, simultanean varios empleos".

"Las mujeres sufren más la temporalidad, la parcialidad, los bajos salarios o las rotaciones pero es que además soportan altos niveles de estrés al estar sometidas a una mayor presión con las obligaciones familiares y domésticas y todas estas cuestiones han propiciado, sin duda, el aumento de este tipo de accidentes laborales" ha explicado.

En el primer semestre del año se produjeron 37.543 accidentes in itínere en España y el 57% de las víctimas fueron mujeres.

Un saludo.

Audio valoración de Isabel Araque, Secretaria Confederal de UGT

Enviado por:

José Eduardo Bocanegra Carreño.
Sección sindical estatal 
Secretario de Acción Sindical UGT CASESA

Extracto de la Resolución de 21 de julio de 2016 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que se convocan subvenciones a las organizaciones sindicales presentes en las Mesas Generales de Negociación del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, p


BOE: Alertas legislativas 

BOE a la Carta: Alertas legislativas


Trabajo y empleo (1 disposición)

    1. Extracto de la Resolución de 21 de julio de 2016 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que se convocan subvenciones a las organizaciones sindicales presentes en las Mesas Generales de Negociación del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para el ejercicio 2016.
      Departamento:
      Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
      Publicación:
      BOE nº 205 de 25/08/2016, p. 48855 a 48855 (1 página)
      Ver documento:
      BOE-B-2016-39254
Muchas gracias por utilizar nuestro servicio BOE a la Carta

miércoles, 24 de agosto de 2016

La gente está demasiado endeudada y la solución es el sindicalismo

La defensa del sindicalismo no se puede dejar solo en manos de los políticos: tenemos que enarbolarla todos nosotros.



Por Medios CC/CL-24/08/2016

Los salarios han experimentado la mayor caída en Reino Unido desde la época victoriana. La negociación colectiva puede ayudar a recuperarlos, por el bien de los trabajadores y de la economía en general.

Owen Jones | El Diario | 23/08/2016

Pasar noches en vela mirando al techo mientras las preocupaciones bailan de forma obsesiva sobre la mente. Suspirar profundamente antes de abrir la factura del gas. Renunciar a un plato caliente para que tus hijos no tengan que hacerlo. Vivir con deudas puede ser agotador y emocionalmente exasperante, y es la realidad diaria de demasiadas personas.

Según un nuevo informe de la federación de sindicatos TUC, 3,2 millones de familias británicas gastan más de un cuarto de sus ingresos totales en devolver préstamos no asegurados (es decir, sin incluir las hipotecas). Para 1,6 millones de familias con endeudamiento extremo, la radiografía es aún más desalentadora: más del 40% de sus ingresos van a sus acreedores.


Esta es la experiencia que viven los británicos en situación de pobreza laboral, los que sacan adelante el país con su trabajo duro y les premian con pobreza e inseguridad. Los trabajadores del país han sufrido la mayor caída de salarios desde que la reina Victoria estaba en el trono.

Entre 2007 y 2015, los sueldos reales se redujeron en un sobrecogedor 10,4%, la peor caída en cualquier país avanzado con la salvedad de Grecia. Una deuda cada vez mayor es el precio que han pagado muchos trabajadores británicos por el catastrófico fracaso económico de George Osborne y sus colegas, entre quienes estaba quien ahora es la primera ministra del país.

¿Cuál es la cura? El gobierno apuntará sin duda a un aumento del salario mínimo, pero se espera que las modificaciones de los impuestos y las prestaciones sociales dejen a muchos trabajadores peor en cualquier caso en los próximos años. La implantación de un auténtico sueldo de subsistencia –en lugar de un salario mínimo rebautizado como algo que no es– ayudaría, y es de agradecer que los dos candidatos a liderar el Partido Laborista estén comprometidos en ello. Pero es necesario defender que los trabajadores se unan para garantizar una mejora de los salarios: sindicalismo, en otras palabras.

Aun durante los años del boom económico, los salarios estaban estancados o incluso en declive para millones de empleados británicos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Para empezar, se gastaron más miles de millones de libras de dinero público en subsidios para quienes ya tienen un trabajo para compensar esa caída. Pero en los años previos a la crisis, muchos trabajadores se endeudaron más para mantener una calidad de vida que se les escapaba.

Eso no es bueno para los trabajadores, ni tampoco para la economía. Pero fue en un momento en el que muchas empresas estaban presentando grandes beneficios. No estaban compartiendo la riqueza con la fuerza laboral que la creaba en primer lugar. ¿Y por qué deberían? Con un sindicalismo tan abatido por las leyes punitivas y el declive industrial, apenas recibían presiones para hacerlo.

En los países nórdicos, que los trabajadores estén afiliados a un sindicato es la norma. Más calidad de vida y más igualdad de la que tenemos en Reino Unido son dos de las consecuencias. Jeremy Corbyn –que con casi total seguridad será reelegido como líder laborista el próximo mes– ha desvelado propuestas como la negociación colectiva obligatoria para las empresas que tengan más de 250 empleados. Una perspectiva así ayudaría a elevar los salarios de los trabajadores, no solo por su propio bien, sino también en beneficio de la economía británica.

Pero la defensa del sindicalismo no se puede dejar solo en manos de los políticos: tenemos que enarbolarla todos nosotros. Hay que hacerla en un lenguaje que resuene en los oídos de los millones de trabajadores no afiliados, y especialmente en los de los más jóvenes, a quienes la propia idea de sindicalismo les parece culturalmente ajena. La deuda de las familias es una plaga en el Reino Unido moderno, y el sindicalismo es una de sus curas.