Servicio on line de cálculo de las retenciones del trabajo personal para el ejercicio 2016
Se encuentra disponible el servicio on line de cálculo de las retenciones del trabajo personal para el ejercicio 2016.
Te guste o no, todo lo que está sucediendo en este momento es producto de las decisiones que has tomado. Deepak Chopra.
martes, 15 de noviembre de 2016
viernes, 11 de noviembre de 2016
viernes, 4 de noviembre de 2016
UGT vuelve a reclamar que todos los vigilantes de seguridad privada lleven chalecos antipinchazos y guantes antipinchazos y guantes anticortes.
CATALUNYA | SEGURIDAD
UGT de Cataluña condena enérgicamente la agresión producida ayer por dos individuos con arma blanca a un vigilante de la empresa OMBUDS en la estación de Renfe de Sant Vicenç de Calders (El Vendrell, Tarragona). El vigilante no han sufrido ninguna lesión, gracias a que el arma blanca impactó en el teléfono móvil que llevaba en el bolsillo.
Los trabajadores de la seguridad privada han visto como en los últimos años las empresas les reducían las medidas de seguridad para obtener mayores beneficios económicos. En este sentido, desde la UGT de Cataluña hace tiempo que solicitamos para estos trabajadores las deseadas chalecos antipinchazos y los guantes anticorte, los conocidos Epi s que establece el artículo 17.2 de la Ley de prevención de riesgos laborales 31/1995 de 8 de noviembre: " el empresario debe proporcionar a sus trabajadores los equipos de protección individual adecuados para el desarrollo de sus funciones y velar por el uso efectivo de estos equipos cuando, debido a la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios ".
Asimismo, también consideramos que la empresa arrendataria es tan responsable de la falta de estos equipos como la empresa adjudicataria de los servicios de seguridad.
UGT vuelve a reclamar que todos los vigilantes de seguridad privada lleven chalecos antipinchazos y guantes antipinchazos y guantes anticortes.
04/11/2016 | FeSMC-UGT | Catalunya
04/11/2016 | FeSMC-UGT | Catalunya
UGT de Cataluña condena enérgicamente la agresión producida ayer por dos individuos con arma blanca a un vigilante de la empresa OMBUDS en la estación de Renfe de Sant Vicenç de Calders (El Vendrell, Tarragona). El vigilante no han sufrido ninguna lesión, gracias a que el arma blanca impactó en el teléfono móvil que llevaba en el bolsillo.
Los trabajadores de la seguridad privada han visto como en los últimos años las empresas les reducían las medidas de seguridad para obtener mayores beneficios económicos. En este sentido, desde la UGT de Cataluña hace tiempo que solicitamos para estos trabajadores las deseadas chalecos antipinchazos y los guantes anticorte, los conocidos Epi s que establece el artículo 17.2 de la Ley de prevención de riesgos laborales 31/1995 de 8 de noviembre: " el empresario debe proporcionar a sus trabajadores los equipos de protección individual adecuados para el desarrollo de sus funciones y velar por el uso efectivo de estos equipos cuando, debido a la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios ".
Asimismo, también consideramos que la empresa arrendataria es tan responsable de la falta de estos equipos como la empresa adjudicataria de los servicios de seguridad.
martes, 1 de noviembre de 2016
Las empresas podrán vigilar con cámaras a sus empleados sin informar del fin concreto
Las empresas podrán vigilar con cámaras a sus empleados sin informar del fin concreto
Corrige el criterio de una sentencia anterior sobre la filmación de los trabajadores si hay sospecha de irregularidades.
Cámara de vigilancia en una oficina. Istock
El Pleno del Tribunal Constitucional ha rectificado la doctrina
que exigía que los empresarios dieran una información "previa, expresa,
precisa, clara e inequívoca" a los trabajadores sobre la finalidad de
instalar cámaras de captación de la imagen en los puestos de trabajo.
En
una sentencia en la que desestima el recurso de amparo de una
trabajadora que fue despedida tras descubrirse -gracias a una cámara
cuya instalación no fue comunicada a los empleados- que se quedaba con
dinero de la caja, el TC establece que los trabajadores deben ser
informados genéricamente de la instalación de cámaras pero sin necesidad
de que el empleador concrete los propósitos de la medida y el alcance
del tratamiento de esos datos personales.
El overruling (modificación de doctrina) sobre la vigilancia
de los trabajadores mediante cámaras cuando hay sospechas de
irregularidades o infracciones se produjo en la última reunión del TC,
después de que la Sala Primera avocara al Pleno la demanda de amparo de
una trabajadora de una tienda de ropa que sostuvo que se había vulnerado
su derecho fundamental a la protección de los datos personales al no
haber informado la empresa de que iba a captar la imagen de los
empleados ni de la finalidad de ese control.
Despido procedente
La
mujer, que llevaba 12 años en la empresa, fue despedida al descubrirse
que se apropiaba de fondos de la caja. La compañía había decidido
instalar en ese lugar un dispositivo de videovigilancia después de
detectar "múltiples irregularidades" a raíz de haber implementado un
nuevo sistema de control informático de los saldos de caja. La
instalación de la cámara no fue comunicada al comité de empresa ni a los
trabajadores, aunque en el escaparate del establecimiento se colocó, en
un lugar visible, que la tienda disponía de cámaras de vigilancia.
Tanto
el Juzgado de lo Social como el Tribunal Superior de
Justicia calificaron de procedente el despido al estimar que la
instalación de la cámara era una medida proporcional (sólo captaba la
actividad que se desarrollaba en la caja) y necesaria, al ser el único
medio posible para descubrir de forma fehaciente si se estaban
realizando conductas indebidas.
La trabajadora pidió el amparo del
Constitucional alegando que los órganos judiciales habían desconocido
la doctrina fijada en la sentencia 29/2013, de la Sala Primera del TC.
En esta resolución se declaró nulo el despido de un trabajador que
falseaba la realidad en cuanto al cumplimiento de su horario laboral, lo
que fue descubierto al contrastar las hojas de control de asistencia
que rellenaba y la información de las cámaras de vídeo instaladas en los
accesos a las dependencias en las que trabajaba.
En la sentencia
29/2013, la Sala Primera del TC señaló que no era suficiente que
existieran distintivos anunciando la existencia de cámaras ni que se
hubiera notificado la creación del fichero de captación de imágenes a la
Agencia de Protección de Datos. "Era necesaria además la información
previa y expresa, precisa, clara e inequívoca a los trabajadores de la
finalidad de control de la actividad laboral a la que esa captación
podía ser dirigida", señalaba. "Una información que debía concretar las
características y el alcance del tratamiento de datos que iba a
realizarse, esto es, en qué casos las grabaciones podían ser examinadas,
durante cuánto tiempo y con qué propósitos, explicitando muy
particularmente que podían utilizarse para la imposición de sanciones
disciplinarias por incumplimientos del contrato de trabajo".
Votos discrepantes
Ésta
es la doctrina ahora corregida por el Pleno en una sentencia con tres
votos en contra, entre ellos el de Fernando Valdés, ponente de la
sentencia 29/2013.
El Constitucional ha llegado a la conclusión de
que el derecho fundamental a la protección de datos personales se
satisface con una comunicación genérica de la instalación de las cámaras
a los trabajadores siempre que la medida sea necesaria, esté
justificada y sea idónea a la finalidad pretendida por la empresa de
verificar si los empleados están transgrediendo la buena fe contractual,
tal como se estableció en la sentencia de la Sala Primera 186/2000.
Para
el TC, el empresario tiene facultades legales para adoptar medidas que
le permitan verificar el cumplimiento por el trabajador de sus
obligaciones laborales.
Enviado por:
DIEGO R. G.
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
Comité Grupo Control Málaga
Fuente: http://www.elespanol.com/espana/20160310/108489478_0.html
Comunicado conjunto del observatorio sectorial de la seguridad privada sobre las principales prioridades legislativas y reglamentarias para el sector.
José Eduardo Bocanegra Carreño.
SºAccion Sindical Estatal UGT CASESA
Directiva comunitaria y contratación pública de servicios de seguridad privada
Firmado por APROSER.
Tras un largo proceso de debate público de cerca de un lustro, en los
que tanto las Administraciones Públicas como los agentes sociales
trabajaron muy intensamente en su respectivo papel, la Directiva
2014/24/UE del Parlamento y del Consejo sobre Contratación Pública,
supuso un muy importante pase adelante en la asunción de la importancia
de los procesos de contratación pública, no solo desde su mera
perspectiva cuantitativa sino, lo que es más importante, como elementos
dinamizadores de la economía en general y del papel de los ciudadanos y
los trabajadores en particular.
No en vano, esta norma, que actualiza la normativa que desde 2004
regía los contratos de las administraciones públicas, señala en su
considerando 2 que resulta necesario revisar las normas de contratos del
sector público para “permitir que los contratantes utilicen mejor la
contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes”, y su
Exposición de Motivos recoge igualmente en su considerando 37, la
referencia específica a “una integración adecuada de los requisitos
medioambientales, sociales y laborales en los procedimientos de
licitación pública”.
Más en concreto, en su parte dispositiva, tras un amplio debate entre
las fuerzas representadas en el Parlamento Europea, el artículo 18,
estableció no solo que “Los Estados miembros tomarán las medidas
pertinentes para garantizar que, en ejecución de los contratos públicos,
los operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de
la Unión”, sino que extendió esta obligación de cumplimiento igualmente
al Derecho nacional, los convenios colectivos” y otras disposiciones.
Disposición novedosa en el ámbito legislativo comunitario.
La referencia explícita a los Convenios Colectivos como elemento de
consideración de la existencia de una baja temeraria y lo previsto en el
artículo 70 en el sentido de que las condiciones especiales relativas a
la ejecución del contrato “podrán incluir consideraciones económicas o
relativas a la innovación, consideraciones de tipo medioambiental,
social o relativas al empleo” se configuran como pasos adicionales
relevantes en la plasmación práctica de este principio apuntado en el
artículo 18. Pasos adicionales que, en cierto sentido, ya había
anticipado la Ley de Seguridad Privada 5/2015, en particular en sus
Disposiciones Adicionales.
A nivel nacional, el anteproyecto de la nueva ley de contratos del
sector público, intento de trasposición de esta normativa europea al
derecho interno introduce, como no podía ser de otra forma, nuevas
consideraciones en la contratación pública, de manera que los órganos de
contratación podrán dar prioridad a la calidad, consideraciones
medioambientales, aspectos sociales o a la innovación”.
Aunque el proyecto aún no ha sido aprobado, debido a los largos meses
en que el actual ejecutivo ha estado en funciones, la falta de
adaptación de nuestra legislación a la normativa comunitaria no debería
impedir el cumplimiento de los principios esenciales de la misma, en
aplicación del efecto directivo vertical de las Directivas comunitarias
de acuerdo con los criterios doctrinales vigentes, más aún teniendo en
cuenta que a partir del pasado 18 de abril debería haberse realizado la
interpretación del derecho nacional vigente de conformidad con la
Directiva citada. Por otra parte, existen múltiples ejemplos tanto a
nivel local como de comunidades autónomas que han aprobado normas,
protocolos o instrucciones para la incorporación de dichos criterios en
la contratación pública.
Sin embargo, la utilización exclusiva del criterio económico en la
adjudicación de los contratos públicos, cuya exclusión ampara la
Directiva de existir una voluntad por parte del Estado miembro que la
incorpora al derecho nacional, sigue provocando problemas en la calidad
de la prestación de servicios, así como situaciones de desprotección de
los trabajadores de las empresas contratadas.
Sin carácter excluyente de otros posibles ámbitos en los que el
anteproyecto de ley pudiera acoger una contratación pública socialmente
responsable e innovadora, que esperamos puedan ser incorporados en el
trámite parlamentario del que en su momento constituirá el proyecto de
ley, consideramos necesario abordar algunas materias que merecen un
urgente tratamiento, que no pueden ni deben esperar a este nuevo marco
normativo:
1. Poner el
acento en la relación calidad-precio y no meramente en el precio que las
actuales normas de contratación claramente amparan. Lo que
implica la inclusión de criterios cualitativos objetivables y medibles,
relacionados con la valoración de aspectos tales como la calidad o la
innovación, y estableciendo rigurosos sistemas de homologación de
proveedores y umbrales técnicos con carácter de mínimos y excluyentes, y
fórmulas de valoración del factor precio que no hagan irrelevante el
esfuerzo realizado para ofertar propuestas de máxima calidad en el
servicio.
2. Exigir una justificación rigurosa de las bajas temerarias, y establecer fórmulas
exigentes en la determinación de las ofertas anormalmente bajas,
aspecto controvertido con anterioridad a la entrada en vigor de la
Directiva que la interpretación conforme con este nuevo texto europeo
ampara sin ambages.
3. Considerando la
responsabilidad subsidiaria del contratista, velar por el cumplimiento
de la normativa en materia laboral, fiscal y tributaria, y la correcta
ejecución de los contratos, estableciendo un reglamento
sancionador de los incumplimientos, los procedimientos necesarios para
su control y la participación en el seguimiento de los agentes sociales
(patronal y sindicatos), en la línea de lo que algunas administraciones
públicas ya han integrado en sus pliegos de condiciones.
4. Aprobación de pliegos de condiciones tipo.
Teniendo en cuenta las peculiaridades del sector económico,
especialmente en los intensivos en mano de obra y, en su caso, las
peculiaridades específicas del servicio a contratar. La originación y
evaluación técnica en los pliegos de condiciones en concursos debería
ser realizada / contar con el asesoramiento de expertos en la materia.
5. Apostar por la innovación (compra pública innovadora). Es
esencial fomentar la innovación como palanca de tracción para el
desarrollo de nuevos productos y servicios permitiendo al proveedor
especializado aportar soluciones que maximicen el binomio
calidad-precio.
Adicionalmente, hay que afrontar con urgencia otras materias directamente relacionadas, por ejemplo, las cargas administrativas.
La reducción de cargas administrativas innecesarias va vinculada a
tres ejes: una mejor práctica legislativa que pondere los requerimientos
a los ciudadanos y empresas en términos de pertinencia y eficacia, la
modernización de la administración, que elimine redundancias y agilice
los trámites, y la depuración de los procedimientos.
Las nuevas exigencias normativas nos abocan con urgencia a realizar
reformas de calado en la forma de relacionarse con la administración.
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
Comité Grupo Control Málaga
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